El Poder Judicial ha dado un paso significativo en la protección del medio ambiente al instalar un Juzgado Penal Unipersonal Transitorio Especializado en Delitos Ambientales en la Corte Superior de San Martín, con sede en Tarapoto. La iniciativa, anunciada por la presidenta Janet Tello Gilardi, busca fortalecer la justicia ambiental, mejorar la atención de casos relacionados con minería ilegal, tala ilegal, y otros delitos contra los recursos naturales.
Juzgado Especializado: un avance para la justicia ambiental
El nuevo juzgado especializado en delitos ambientales tendrá competencias en todo el Distrito Judicial de San Martín, garantizando un enfoque técnico y efectivo. Su creación responde a la demanda de una región expuesta a la contaminación, deforestación y explotación ilegal, reafirmando el compromiso por un desarrollo sostenible y el respeto al ecosistema amazónico.
“Esta es una buena noticia para la región San Martín… atender los requerimientos de esta zona tan importante para el desarrollo del país”, indicó Janet Tello Gilardi.
La región ha sido afectada por la llegada de dragas ilegales y la expansión de la minería informal desde Pataz hacia la reserva de biósfera del Gran Pajatén, intensificando la necesidad de justicia especializada.
Objetivos y relevancia del juzgado
El Juzgado Penal Unipersonal Transitorio Especializado en Delitos Ambientales atenderá casos vinculados a minería ilegal, ocupación de tierras, tala ilegal, contaminación, y más. La creación de este órgano judicial es esencial para proteger a las comunidades vulnerables de San Martín, enfrentando agresiones al medio ambiente y asegurando acceso a la justicia ambiental.
Las actividades ilícitas, como la extracción ilegal de oro, han dañado bosques, ríos y suelos, amenazando la salud pública y la biodiversidad de la región. Este enfoque judicial especializado busca sancionar con mayor eficacia y prevenir nuevos actos contaminantes.
Unidad Modelo de Flagrancia: rapidez en la justicia
Durante el acto de lanzamiento, también se anunció la construcción de una Unidad Modelo de Flagrancia en Tarapoto, con terreno donado por el gobierno regional. Esta unidad de flagrancia tipo I, de 3,000 m², modernizará el sistema judicial local al permitir la atención inmediata de delitos menores, inclusive aquellos relacionados con el ambiente.
El coronel PNP Milton Cabrera Ríos explicó que la unidad de flagrancia ha incrementado su carga de trabajo ante la presencia de conductas delictivas ambientales, destacando la necesidad de una respuesta rápida y eficaz frente a casos de minería ilegal y tala.
Voces institucionales comprometidas
- Walter Grundel Jiménez, gobernador regional, reafirmó su apoyo político y material al proyecto, subrayando la importancia de la coordinación institucional.
- Edward Sánchez Bravo, presidente de la Corte de San Martín, destacó que la región carecía de un órgano especializado en medio ambiente, lo cual prioriza la necesidad del juzgado penal ambiental.
- Cheryl Trigozo Reátegui, congresista, reconoció el impacto de contar con justicia especializada para casos de tala ilegal y minería en su circunscripción.
- Coronel Milton Cabrera Ríos, líder policial regional, enfatizó la efectividad de la Unidad de Flagrancia al combatir delitos ambientales.
Estas voces refuerzan la idea de una estrategia compartida entre Poder Judicial, autoridades regionales, fuerzas del orden y la ciudadanía para proteger el medio ambiente y la biodiversidad.
Minería ilegal: un desafío urgente
La migración de la minería informal desde Pataz hacia Cajamarca y su expansión en territorios sensibles como el Gran Pajatén intensifican los desafíos en San Martín. El impacto ecológico incluye contaminación de cuerpos de agua, degradación de suelo y pérdida de árboles nativos. Además, las comunidades indígenas se sienten amenazadas por la inseguridad y la invasión de sus territorios.
La creación del juzgado y la Unidad Modelo de Flagrancia representa una respuesta jurídica robusta y oportuna ante esta crisis ambiental, pasando de una lógica punitiva tardía a una acción legal eficiente.
Conexión entre justicia y desarrollo sostenible
El establecimiento de mecanismos judiciales especializados responde a la Triple Hélice del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. La justicia debe ser accesible y rápida, especialmente en zonas donde la pobreza y la informalidad minera están entrelazadas con altos niveles de degradación.
Estas iniciativas promueven una cultura de respeto a la legislación ambiental, y fomentan la cooperación entre instituciones para generar una justicia ambiental efectiva, cumplir con estándares nacionales e internacionales, y afianzar la confianza pública.
Un camino hacia la justicia efectiva y la sostenibilidad
Con la creación del juzgado especialista en delitos ambientales y la próxima instalación de la Unidad Modelo de Flagrancia, el Poder Judicial marca un hito en la protección del medio ambiente en San Martín. Estas herramientas permitirán un procesamiento más ágil y especializado, además de reforzar la capacidad del Estado para investigar, sancionar y prevenir la minería ilegal y otros delitos ambientales.
La coordinación entre autoridades judiciales, regionales, policiales y la comunidad es esencial para proteger los recursos amazónicos y garantizar que la justicia sea equitativa, efectiva y sostenible.
