En un fallo que marca un precedente significativo en la defensa de los derechos humanos y ambientales en el Perú, la Corte Superior de Justicia de Apurímac absolvió a once líderes comunales y defensores de derechos humanos de las provincias de Cotabambas y Grau, quienes enfrentaron un proceso judicial de más de diez años. Los acusados habían sido condenados inicialmente a penas de entre ocho y nueve años de prisión, además de enfrentar reparaciones civiles, por su participación en las protestas sociales de 2015 contra el megaproyecto minero Las Bambas.
Esta decisión pone fin a uno de los casos más emblemáticos de criminalización de la protesta social en el país. El proceso, que se extendió por más de una década, estuvo marcado por inconsistencias y falta de pruebas, según detalló la defensa legal. David Velazco, director de Fedepaz y representante legal de los acusados, explicó que durante el juicio no se acreditó la existencia de pruebas que vincularan directamente a los imputados con los delitos que se les atribuían. Además, señaló que la sentencia inicial se basó en hechos que no formaban parte de la acusación formal.
Un proceso judicial que dejó profundas secuelas
Los once defensores, entre ellos Lisbeth Abarca Peña, relataron las afectaciones emocionales y psicológicas que enfrentaron durante estos años. Abarca Peña destacó que el proceso no solo impactó a los acusados, sino también a sus familias, quienes sufrieron las consecuencias de la persecución judicial. “Nos han restringido incluso en el trabajo. Este proceso largo ha afectado a nuestros hijos, esposas, padres y madres”, expresó.
Por su parte, Maximiliano Huachaca Mamani, quien enfrentaba una condena de ocho años y once meses, recordó que las protestas de 2015 dejaron un saldo trágico de tres personas fallecidas, cuyos casos aún no han avanzado en el sistema judicial. “Mientras a nosotros nos aceleraron el proceso, las investigaciones por los fallecidos están estancadas. Hay niños huérfanos y viudas que siguen esperando justicia”, denunció. Además, Huachaca Mamani alertó sobre los graves impactos ambientales que las actividades mineras han generado en la región, incluyendo la contaminación de ríos y la presencia de plomo en la sangre de los niños.
La criminalización de la protesta social en el Perú
Durante el proceso judicial se evidenció la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución y criminalización de defensores. Según Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esta forma de persecución es una de las principales violencias que enfrentan los defensores en el país.
En esta línea, Pérez destacó el rol de las grandes empresas en este tipo de casos, señalando que la minera involucrada exigió una reparación civil de más de 80.000 dólares contra familias campesinas que carecen de acceso a servicios básicos como agua potable. “Esta es una forma marcada y gravísima de violencia que sufren los defensores del medio ambiente en nuestro país”, afirmó Pérez, quien también subrayó la necesidad de garantizar que las inversiones mineras respeten los derechos de las comunidades y el medio ambiente.
La absolución de los defensores también reavivó el debate sobre la importancia de los estudios de impacto ambiental (EIA) en los proyectos extractivos. Ronald Bello Abarca, uno de los defensores absueltos, enfatizó que no se oponen a las inversiones mineras, pero exigió que estas se realicen con respeto a la naturaleza y a las comunidades locales. “Esperamos que las futuras inversiones mineras en el sur peruano se lleven a cabo con la aceptación y el debido respeto a nuestra naturaleza y a nuestros pueblos originarios”, declaró. El caso también contó con la participación de organizaciones como CooperAcción, cuya fundadora, Julia Cuadros, estuvo presente en las discusiones sobre el impacto del megaproyecto minero en las comunidades afectadas.
Las Bambas: un histórico fallo que sienta un precedente
La decisión de la Corte Superior de Justicia de Apurímac no solo representa una victoria para los defensores, sino que también establece un precedente en la lucha contra la criminalización de la protesta social en el Perú. Según David Velazco, el fallo demuestra que las acusaciones carecían de sustento y que el sistema judicial puede actuar con imparcialidad en casos de alta complejidad. El proceso judicial incluyó múltiples audiencias de apelación, la última de las cuales se llevó a cabo en enero de 2025.
Vale precisar que, durante estas sesiones, los defensores lograron desmontar las acusaciones iniciales, evidenciando la falta de pruebas y las irregularidades en el caso. Este fallo histórico no solo pone fin a una década de incertidumbre para los acusados, sino que también envía un mensaje claro sobre la necesidad de respetar los derechos de las comunidades afectadas por proyectos extractivos. La absolución de los once defensores refuerza la importancia de garantizar que las inversiones en el país se realicen de manera sostenible y con pleno respeto a los derechos humanos y ambientales.
