La Policía Nacional del Perú lanzó una advertencia frontal a los propietarios de viviendas en Lima: alquilar inmuebles sin verificar antecedentes puede convertir sus casas en centros de operaciones del crimen organizado. La alerta fue emitida por el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, tras una intervención policial que reveló un presunto punto de reunión de delincuentes extranjeros en Pachacamac.
El mensaje se da en un contexto en el que las bandas de extorsión y sicariato están expandiendo sus zonas de operación aprovechando viviendas alquiladas como “búnkeres”, donde planifican delitos, almacenan armas o coordinan ataques. La advertencia surge en medio de un clima de tensión social y presión sobre la migración, lo que obliga a revisar los mecanismos de control sin caer en estigmatizaciones colectivas.
¿Por qué la PNP pide más cautela a propietarios?
El coronel Revoredo fue directo: “Hagan un filtro”. Según explicó, muchas viviendas —incluidas casas con piscina y comodidades— están siendo alquiladas sin verificación previa, y terminan convertidas en espacios utilizados por organizaciones criminales extranjeras.
“Los ciudadanos extranjeros nos están traicionando y les entregamos las viviendas con piscina. Entonces, también se hace un llamado a los ciudadanos peruanos, por favor, que hagan un filtro, que no entren en las viviendas así”, declaró el jefe policial.
La frase encendió el debate público:
- ¿Qué tipo de filtro deben aplicar los propietarios?
- ¿Cómo evitar la discriminación mientras se refuerza la seguridad?
- ¿Qué protocolos plantea la PNP para prevenir que las viviendas sean usadas por bandas criminales?
Para Revoredo, la lógica es clara: la falta de filtros no solo facilita el crimen, sino que pone en riesgo directo a los propios dueños, quienes pueden convertirse en víctimas de extorsión si las bandas detectan que la propiedad es vulnerable.
Búnkeres criminales: la nueva modalidad en Lima
La PNP advirtió que los delincuentes están usando viviendas alquiladas para:
- Reuniones previas a actos delictivos.
- Celebraciones después de operativos criminales.
- Coordinación de extorsiones, secuestros o cobros ilegales.
- Almacenamiento temporal de armas o bienes ilícitos.
Este patrón ya fue identificado en otros distritos como Carabayllo, Puente Piedra, Los Olivos y San Juan de Lurigancho, donde las intervenciones policiales revelaron casas convertidas en puntos estratégicos de bandas vinculadas al sicariato. Según investigaciones internas, muchos de estos alquileres se realizan sin contratos formales, solo con depósito y pago adelantado.
La situación plantea un problema mayor: ¿quién supervisa el uso de viviendas alquiladas? En un país con alta informalidad inmobiliaria, el control preventivo se vuelve casi inexistente.
Intervención en Pachacamac: ¿qué encontró la policía?
El caso que motivó la advertencia ocurrió en una vivienda de Pachacamac donde la PNP halló a más de 30 ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de una red que había llegado desde los conos norte de Lima. Según Revoredo, habían arribado desde sectores como Oquendo y Chuquitanta, puntos identificados como zonas de alta presencia de bandas de extorsión.
Dentro de la casa se encontraron bebidas alcohólicas y se presume que los sujetos celebraban antes de volver a cometer ilícitos. Aunque no se hallaron armas durante la intervención, la PNP sospecha que la vivienda operaba como espacio de reunión para coordinar actividades delictivas.
El proceso de identificación plena está en marcha para determinar si los intervenidos tienen antecedentes por:
- Extorsión
- Sicariato
- Robo agravado
- Tráfico ilícito de drogas
- Asociación ilícita para delinquir
El coronel precisó que la información será cruzada con bases de datos nacionales y extranjeras.
Riesgo para los propietarios: ¿cómo operan las extorsiones?
Revoredo advirtió un punto poco visibilizado: los propios dueños de las viviendas pueden convertirse en víctimas.
“Ese dinero que les llega a sus arcas, ese dinero manchado de sangre, de damas que lloran… les pedimos que no regalen las viviendas, porque también se ponen en riesgo. Después a ellos mismos los empiezan a extorsionar”, alertó.
En diversas investigaciones policiales se ha identificado un patrón:
- Las bandas alquilan una casa con identidad falsa.
- La utilizan para planificar delitos o como escondite.
- Cuando el dueño descubre las irregularidades, intenta recuperar el inmueble.
- Los delincuentes responden con amenazas, cobros ilegales o toma de la propiedad.
Este modus operandi se ha registrado en Ventani lla, San Martín de Porres, Independencia y Ate, donde algunas familias han sido desplazadas de sus propios inmuebles.
¿Qué filtros recomienda la PNP?
Aunque no existe un protocolo formal, la PNP recomienda a los propietarios:
- Pedir documentos de identidad validados.
- Solicitar información laboral comprobable.
- Registrar contratos ante la municipalidad o notaría.
- Verificar referencias de alquileres anteriores.
- Evitar acuerdos informales o pagos solo en efectivo.
- Reportar movimientos sospechosos a la comisaría más cercana.
La pregunta clave es: ¿debe el Estado establecer un registro obligatorio para el alquiler de viviendas? Algunos especialistas lo consideran necesario ante el avance de estructuras criminales extranjeras.
Criminalidad y migración: una discusión sensible
Las declaraciones de Revoredo reavivan el debate sobre seguridad y migración. La PNP sostiene que su enfoque apunta a grupos criminales específicos, no a comunidades enteras. Sin embargo, colectivos de derechos humanos advierten que este tipo de mensajes puede profundizar estigmas hacia los extranjeros que residen legalmente en el país.
Lo cierto es que las cifras policiales señalan un crecimiento de bandas de origen extranjero dedicadas a extorsión, secuestro y microtráfico. La discusión pública se mueve entre dos preguntas centrales:
- ¿Cómo fortalecer la seguridad sin criminalizar la migración?
- ¿Qué herramientas deben implementarse para rastrear a redes extranjeras en zonas urbanas?
La PNP busca la colaboración ciudadana
Más allá de la advertencia, la Policía Nacional insiste en que la lucha contra la extorsión requiere cooperación directa de la ciudadanía. Para Revoredo, la información que aporten los propietarios podría evitar que casas familiares se transformen en centros de operación delictiva.
Las investigaciones continúan y la PNP prevé nuevas intervenciones en las próximas semanas en zonas del sur y norte de Lima, donde se detectó un aumento de reuniones sospechosas en viviendas alquiladas.