Pleno aprueba dictamen para que fiscales titulares reciban bonificación adicional mensual

La norma equipara beneficios económicos entre fiscales del Ministerio Público y jueces del Poder Judicial.

por Edgar Mandujano

Con 106 votos a favor y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que otorga una bonificación adicional mensual a los fiscales titulares del Ministerio Público, reconociendo su derecho constitucional a gozar de las mismas prerrogativas que los jueces del Poder Judicial, según lo establecido en el artículo 158 de la Constitución. La medida fue también exonerada de segunda votación con 107 votos a favor y 1 abstención.

La propuesta, sustentada en varios proyectos de ley, busca homologar los beneficios establecidos en la Ley 32164, que actualmente se aplican solo a jueces. Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lady Camones (APP), señaló que la exclusión de los fiscales constituía una vulneración al principio de equidad salarial y destacó que el Tribunal Constitucional ha precisado que no pueden existir diferencias sin justificación objetiva entre funciones similares dentro del sistema de justicia.

Según el dictamen, los fiscales titulares recibirán una bonificación mensual proporcional a su nivel jerárquico. Los fiscales adjuntos supremos y fiscales superiores titulares percibirán el 80 % del valor de 4.5 Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP), los fiscales adjuntos superiores y provinciales titulares recibirán el 62 %, y los fiscales adjuntos provinciales titulares, el 40 %. La norma no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, ya que se financiará con saldos presupuestales del Ministerio Público para los años fiscales 2025 y 2026.

Diversos congresistas respaldaron la iniciativa, resaltando su impacto positivo en la carrera fiscal y en la equidad del sistema judicial. El presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita Alanoca (PL), señaló que la norma fortalece institucionalmente al Ministerio Público, y su colega César Revilla (FP) afirmó que se trata de un paso firme hacia un sistema de justicia más coherente y profesional. La medida responde a una demanda histórica y corrige una brecha que afectaba el principio de igualdad entre jueces y fiscales.

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