El Poder Judicial dispuso este lunes nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrián Villar Chirinos, señalado como responsable del atropello y muerte de la deportista peruana Lizeth Marzano. La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada la noche del 23 de febrero y estuvo a cargo del juez Ricardo Huamán Rendón, quien declaró fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público.
La medida busca garantizar la permanencia del investigado en el país mientras continúan las diligencias por el caso que ha causado indignación y amplio debate público. La joven deportista, seleccionada y campeona nacional de buceo libre, falleció la madrugada del 18 de febrero tras ser arrollada en el distrito limeño de San Isidro.
Riesgo de fuga y pedido fiscal
El Ministerio Público sustentó su solicitud en el riesgo de fuga del investigado, advertido días antes por Gino Marzano, hermano de la víctima. Según la Fiscalía, Villar contaría con los medios económicos y las facilidades necesarias para abandonar el país, incluso sin necesidad de pasaporte, lo que hacía indispensable una medida restrictiva.
El juez consideró que el impedimento de salida era proporcional y necesaria para asegurar el sometimiento del investigado al proceso penal, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la etapa inicial de la investigación.
Defensa se allana a la medida
Durante la audiencia, el abogado defensor Jefferson Moreno anunció que su patrocinado no se opondría al requerimiento fiscal. Ante la consulta directa del magistrado, Adrián Villar confirmó que estaba conforme con lo señalado por su defensa y aceptó la restricción.
“El investigado se allana expresamente al requerimiento y solicita que se declare fundado, no solo respecto a la medida, sino también al plazo, a fin de seguir demostrando su sometimiento al proceso y su responsabilidad frente a esta tragedia”, sostuvo el letrado durante su intervención. La estrategia de colaboración procesal fue valorada por el juzgado, aunque no implica un adelanto de culpabilidad.
Postura de la parte agraviada
Tras el allanamiento de la defensa, el abogado de la familia Marzano, Julio Mendoza, manifestó su conformidad con la medida solicitada por el Ministerio Público. En su exposición, sostuvo que el impedimento de salida constituye “lo mínimo” que podía dictarse dadas las circunstancias del caso.
Mendoza enfatizó que, pese a la entrega de pasaportes, el investigado podía salir del país solo con su documento de identidad, lo que reforzaba la necesidad de una restricción formal para evitar cualquier intento de evasión de la justicia.
Detalles del accidente bajo investigación
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Adrián Villar habría pasado la luz roja, invadido el carril contrario e impactado contra Lizeth Marzano. Tras el atropello, el conductor no se detuvo para auxiliar a la víctima, lo que impidió la activación inmediata del SOAT.
La Fiscalía había solicitado inicialmente una detención preliminar; sin embargo, este pedido fue rechazado, permitiendo que el investigado afronte el proceso en libertad, aunque bajo medidas restrictivas como la dispuesta este lunes.
Posible pena y proceso en curso
El caso es investigado como homicidio culposo agravado, delito que podría acarrear una pena de hasta 11 años de prisión, dependiendo de los resultados de las pericias, la reconstrucción de los hechos y la valoración judicial de las agravantes. El impedimento de salida del país tendrá una vigencia de nueve meses, plazo durante el cual el Ministerio Público deberá avanzar con la investigación preparatoria.
Desde el entorno fiscal se ha indicado que aún restan diligencias clave, entre ellas peritajes técnicos, declaraciones de testigos y análisis de cámaras de seguridad que permitan esclarecer plenamente las circunstancias del atropello.
Conmoción pública y reclamo de justicia
La muerte de Lizeth Marzano ha generado una fuerte reacción ciudadana y reavivado el debate sobre la impunidad en accidentes de tránsito con consecuencias fatales. Diversos sectores han exigido sanciones ejemplares y mayor rigor en el tratamiento de estos casos por parte del sistema de justicia.
La resolución judicial dictada este lunes es considerada un primer paso en el proceso, aunque la familia de la víctima y la opinión pública mantienen la expectativa sobre el desenlace del caso. El avance de la investigación y las decisiones futuras del Poder Judicial serán determinantes para establecer responsabilidades y eventuales sanciones.