El Poder Judicial evaluó si correspondía ordenar el cierre de la investigación preparatoria seguida contra el expresentador de televisión Andrés Hurtado y otros implicados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico, en agravio del Estado. La decisión quedó en manos del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que convocó a una audiencia virtual para el lunes 9 de febrero.
El proceso se encontraba a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, instancia que debía definir si correspondía formular acusación fiscal, solicitar el sobreseimiento o el archivo del caso.
Audiencia por control de plazo en investigación suprema
La audiencia virtual fue programada para las 9:30 a. m. y tuvo como finalidad analizar las solicitudes de control de plazo presentadas por las defensas de la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta y del empresario Javier Miu Lei, también investigados en el proceso.
Ambos pedidos solicitaron que se ordene a la Fiscalía Suprema emitir la disposición de conclusión de la investigación preparatoria y adoptar una decisión definitiva conforme a sus atribuciones. Además, las defensas demandaron que se deje sin efecto todo acto de investigación que se hubiera realizado fuera del plazo legal establecido.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria escuchó los argumentos de todas las partes antes de quedar en condiciones de emitir una resolución en los días siguientes.
Situación legal de los investigados
En el marco de la audiencia, el Poder Judicial dispuso que se escuchen los argumentos de la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, quien cumplía un mandato de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres, ex Santa Mónica.
Asimismo, se evaluaron las posiciones de los demás investigados y de sus defensas técnicas, en un proceso que incluyó también al expresentador Andrés Hurtado, quien cumplía prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Lurigancho.
Por su parte, el empresario Javier Miu Lei afrontaba la investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones, mientras se definía el futuro del proceso penal.
¿Qué investiga la Fiscalía Suprema?
Según la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, Andrés Hurtado habría intervenido en el pago de una presunta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el pago ilegal habría tenido como finalidad que la entonces fiscal superior Elizabeth Peralta intervenga para favorecer a Miu Lei en la recuperación de barras de oro que el Ministerio Público había incautado a su empresa en el año 2020.
La investigación también incluyó otros dos hechos presuntamente ilícitos, los cuales fueron incorporados dentro del mismo proceso penal seguido a nivel supremo.
Rol atribuido a Andrés Hurtado en el caso
El Ministerio Público sostuvo que Andrés Hurtado, conocido públicamente como “Chibolín”, habría actuado como intermediario en las coordinaciones entre el empresario y la fiscal superior suspendida. Este presunto rol fue considerado clave para sustentar los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.
Estas imputaciones llevaron a que el Poder Judicial dicte prisión preventiva contra el expresentador, medida que se mantenía vigente mientras se resolvía la situación procesal del caso.
Debate sobre la duración de la investigación
Las solicitudes de control de plazo plantearon un debate sobre la duración razonable de la investigación preparatoria y el respeto a los plazos legales. Las defensas sostuvieron que la Fiscalía Suprema había excedido el tiempo permitido para realizar diligencias.
En respuesta, el juzgado escuchó los argumentos de las partes procesales con el objetivo de determinar si correspondía ordenar la conclusión inmediata de la investigación o permitir que el Ministerio Público emita su pronunciamiento final.
Decisión pendiente del Poder Judicial
Tras la audiencia del 9 de febrero, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria quedó en condiciones de emitir una decisión final en los días siguientes. Esta resolución debía definir si la Fiscalía Suprema estaba obligada a cerrar la investigación y adoptar una posición definitiva respecto a los investigados.
El caso continuó generando atención pública por involucrar a un personaje mediático, una exautoridad del Ministerio Público y presuntos actos de corrupción vinculados a la recuperación de bienes incautados por el Estado.