El Poder Judicial, bajo la presidencia de Janet Tello, analiza presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la reciente ley que modifica el proceso de extinción de dominio, promulgada el 9 de mayo. La decisión final se espera para mediados de junio, según anunció Tello.
La titular de la Corte Suprema destacó que el sistema actual ha logrado recuperar más de 772 millones de dólares provenientes de delitos graves como narcotráfico, minería ilegal y corrupción, y ha contribuido a financiar obras públicas como hospitales y escuelas. Además, explicó que la extinción de dominio no afecta la propiedad lícita, sino solo los bienes vinculados a actividades ilícitas.
La Fiscalía de la Nación, liderada por Delia Espinoza, presentó la semana pasada una demanda similar, señalando que la ley no incluye adecuadamente la criminalidad organizada, el lavado de activos ni la corrupción, delitos prioritarios en la lucha contra la delincuencia. Esta omisión, a su juicio, dificulta la eficacia del sistema.
El cambio normativo establece que la extinción de dominio solo procederá con sentencia firme en última instancia para casos graves, lo que genera preocupación en el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre el impacto en la persecución penal y recuperación de activos ilícitos en el país.