El Poder Ejecutivo oficializó este viernes 9 de enero la declaratoria del estado de emergencia en la provincia de Pisco, región Ica, por un periodo de 60 días calendario. La decisión, plasmada en el Decreto Supremo n.º 004-2026-PCM, responde a los informes técnicos que advierten un incremento crítico en los índices de criminalidad, especialmente en modalidades de sicariato y extorsión que han vulnerado el orden interno en la zona.
Bajo este marco excepcional, la Policía Nacional del Perú (PNP) asume el control del orden interno con el respaldo de las Fuerzas Armadas, cuya intervención será complementaria. La normativa implica la suspensión de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales, permitiendo operativos más dinámicos en los puntos de mayor incidencia delictiva de la provincia.
Nueva estructura de seguridad
Durante su visita a la ciudad, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la creación de la División de Orden Público y Seguridad de la PNP en Pisco, que estará liderada por el coronel PNP Daniel Elías. “Vamos a dar una lucha frontal contra la delincuencia; la policía pasa de la defensiva a la ofensiva”, remarcó el titular del sector tras supervisar la entrega de armamento y chalecos antibalas para fortalecer la capacidad operativa de los agentes en la región.
Para garantizar una ejecución articulada, se ha dispuesto la conformación del Comando de Coordinación Operativa Unificada, presidido por el jefe de la Región Policial Ica, general PNP Carlos Roque. Este órgano integrará esfuerzos con el Ministerio Público, el Poder Judicial y los gobiernos locales. El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente de la República, José Jerí, y del jefe del gabinete, Ernesto Álvarez, subrayando el compromiso del Ejecutivo por pacificar una de las provincias más afectadas por la inseguridad en el sur del país.