Una crisis que desborda fronteras
Perú vuelve al centro del mapa del crimen organizado. Según un reciente seminario organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ilegal peruana ha alcanzado un nivel de expansión y sofisticación sin precedentes en la región. No solo avanza territorialmente: también duplica sus canales de comercialización, perfecciona sus métodos para burlar controles y se infiltra en redes políticas y logísticas que trascienden las fronteras nacionales.
Las conclusiones del evento —que reunió a Víctor Fuentes (IPE), la académica Lucía Dammert y la especialista estadounidense Julia Yansura— dibujan un escenario inquietante: la minería ilegal ya compite con la minería formal en volumen exportado y amenaza con capturar institucionalmente vastas zonas del país.
Perú, epicentro del oro ilegal sudamericano
El dato que encendió las alarmas fue directo: el 44% del oro ilegal que sale de Sudamérica tiene origen peruano. Para 2025, las exportaciones de oro ilícito alcanzarían los US$ 12 mil millones, prácticamente el mismo valor que el oro legal.
Víctor Fuentes detalló que la cadena de comercialización del metal ha crecido de manera explosiva en la última década. Las empresas procesadoras se multiplicaron por 3.5 —hasta 13,876— y las exportadoras por 11, llegando a 1,253 compañías. En contraste, las empresas productoras apenas crecieron 18% y, desde 2020, incluso disminuyeron.
El punto más grave se encuentra en el Reinfo: 13 mil registros se ubican en áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas y espacios donde la actividad está prohibida. “El Reinfo dejó de ser una vía hacia la legalidad y se convirtió en un paraguas para la ilegalidad. Ya no hablamos de minería artesanal: hablamos de una industria criminal organizada”, sostuvo Fuentes.
Un negocio global sostenido por vacíos regulatorios
La cadena del oro ilegal ha adoptado nuevas modalidades para sortear controles. Julia Yansura precisó que el contrabando peruano se exporta ahora como oro concentrado, en polvo, reciclado e incluso mezclado con residuos electrónicos triturados. Solo en 2024, Perú exportó US$ 880 millones en oro concentrado, cinco veces más que el año anterior.
Yansura advirtió además que los países de destino también facilitan la opacidad. Estados Unidos no exige declarar el ingreso de oro, ni considera la minería ilegal extranjera como delito fuente de lavado de activos. Esto abre la puerta a empresas fachada que “limpian” el metal y lo reinsertan en el mercado formal.
“La trazabilidad debe ser global. Si el oro puede entrar sin declararse, toda la cadena es vulnerable”, subrayó.
Economía criminal, violencia y poder político
Para la académica Lucía Dammert, la minería ilegal ya opera como una economía paralela que genera violencia, deforestación, trata de personas, control territorial y un preocupante nivel de influencia política.
“El sector ilegal tiene capacidad para infiltrar estructuras estatales y financiar campañas. Compite por recursos, autoridad y poder político”, alertó Dammert. Buena parte del oro ilegal, explicó, se “lava” primero dentro del país mediante documentos y operadores locales, lo que dificulta luego los controles en los países compradores.
Dammert insistió en fortalecer la inteligencia criminal y financiera: identificar beneficiarios finales, cortar los flujos económicos y desarticular las redes logísticas que permiten que el oro ilegal salga del Perú a gran escala.
Un Estado sin herramientas suficientes
El diagnóstico del IPE muestra un Estado desbordado. Mientras la minería ilegal se expande y se reorganiza con rapidez, el presupuesto destinado al programa de formalización minera se reduciría en 60% hacia 2026. Las interdicciones siguen concentradas en operativos aislados, muchas veces sin inteligencia previa ni continuidad territorial.
Para enfrentar un fenómeno que ya es global, los especialistas recomiendan una estrategia integral y sostenida, que incluya:
- Cierre definitivo del Reinfo y un nuevo sistema real de formalización con trazabilidad.
- Supervisión estricta a comercializadoras y exportadoras de oro.
- Inteligencia financiera robusta para identificar redes criminales.
- Cooperación transfronteriza con países compradores y vecinos.
- Alternativas económicas para regiones dependientes de la minería ilegal.
- Presencia estatal estable en territorios de alta vulnerabilidad.
Un reloj que avanza más rápido que el Estado
El mensaje final del seminario es claro: la minería ilegal peruana ya no es un problema sectorial ni doméstico. Es una industria criminal internacional que mueve miles de millones, compra influencia y aprovecha todos los vacíos posibles para crecer.
Mientras la respuesta estatal siga llegando tarde o con recursos insuficientes, el oro ilegal seguirá abriendo rutas, captando territorios y consolidando poder.
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