Pendientes de la Mafia | Falta que muchos de los cómplices de la mafia de Rodolfo Orellana paguen por sus delitos

Fondos de cuentas que han retornado al Estado fueron inmovilizadas en 2019 a pedido del fiscal Hamilton Castro.

La Primera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima logró ejecutar en parte la sentencia contra el ciudadano Mario Córdova Huamanccari, financista de la organización criminal por el caso de la red Orellana Rengifo. Se trata de una demanda que fue declarada fundada respecto a los montos de dinero ascendiente a S/ 1’332,352,46 y US$ 105,376.49, obtenidos ilícitamente, y que serán transferidos al Estado. De acuerdo al Ministerio Público, Córdova Huamanccari fue financista de la organización criminal Orellana Rengifo, entre el 2010 y 2013, y, a cambio, recibió altas sumas de dinero ilícito, que fueron objeto de lavado de activos.

Fue el fiscal Hamilton Castro quien inmovilizó las cuentas de Córdova en setiembre de 2019. El presunto financista de la organización había fallecido seis meses antes. Ante la comisión investigadora del Congreso, Córdova llegó a informar sobre los detalles de la transferencia del Centro Recreacional Vacacional de la Comunidad de Telecomunicaciones (SERVATEL) a la empresa SHAMROCK del Perú SAC, vinculada al Clan Orellana.

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Se trata de apenas una arista de un mega proceso que debe seguir recibiendo la atención de los medios y la ciudadanía, pues se trata del caso más grande de lavado de activos en la historia del país, incluso por encima de la interminable historia de los Sánchez Paredes.

En noviembre último se inició el juicio oral a cargo de un colegiado de la Sala Penal Nacional. Rodolfo Orellana y su hermana Judith, acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada al saneamiento y apoderamiento ilícito de bienes inmuebles. La Fiscalía ha solicitado para ambos 33 años y 4 meses de cárcel.

En abril se inició otro juicio por el caso conocido como Oncoserv, en el que se pide 25 años de cárcel contra Orellana y 23 años contra el expresidente de Alianza Lima Guillermo Alarcón. Son acusados de defraudar al gobierno regional de Arequipa por un monto de más de S/.10 millones.

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