La crisis de seguridad en la provincia de Pataz (La Libertad) enfrenta un nuevo escollo: la obstrucción de las diligencias forenses. El fiscal provincial coordinador, Enrique Valverde Cabrera, denunció que familiares y allegados de víctimas de la violencia minera están impidiendo el traslado de cadáveres para las necropsias de ley, lo que imposibilita el esclarecimiento de los crímenes.
El caso más reciente involucra a tres trabajadores fallecidos durante un enfrentamiento armado dentro de un socavón. Según el fiscal, un grupo de aproximadamente 40 personas impidió que la Comisaría de Vijus trasladara los cuerpos, bloqueando la obtención de evidencia crucial para determinar el tipo de armamento utilizado y la trayectoria de los disparos.
El desafío de los “parqueros” y la minería ilegal
Valverde Cabrera explicó que las muertes se produjeron en un intercambio de disparos con “parqueros”, delincuentes dedicados al robo de mineral en labores mineras. En la escena del crimen se hallaron 11 casquillos de bala, pero sin la necropsia y los análisis de balística correspondientes, no es posible vincular científicamente las armas con los fallecidos.
“La resistencia para trasladar los cadáveres limita la obtención de evidencia forense crucial. Es fundamental determinar cuándo y cómo ocurrieron las muertes para identificar a los responsables”, señaló el magistrado a Canal N, subrayando que en zonas pequeñas donde los vínculos sociales son estrechos, las diligencias legales se vuelven sumamente complejas.
Crisis logística: Fiscalía pierde el 50% de su personal
A la hostilidad social se suma una debilidad institucional crítica. El fiscal reveló que el decreto de urgencia que permitía reforzar la sede de Pataz con personal adicional expiró el pasado 31 de diciembre.
Como consecuencia, la fiscalía ha pasado de contar con nueve fiscales a solo cuatro para atender una de las zonas más convulsas del país. Esta reducción de personal coincide con un periodo de alta criminalidad, a pesar de que el Ministerio Público continúa participando en operativos reservados junto a la Policía Nacional y el Ejército en el marco del Estado de Emergencia.
A pesar de las limitaciones, la fiscalía tiene un plazo de 60 días para agotar las investigaciones operativas. No obstante, sin el acceso a los cuerpos para las pericias médico-legales, el riesgo de que estos homicidios queden en la impunidad es elevado.