Este es un año particularmente relevante para los procesos de memoria en el Perú: el 28 de agosto se cumplen 20 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001-2003), y la ANFASEP* , la primera organización de familiares surgida en pleno conflicto armado, conmemora 40 años de creación. Estos hitos en la defensa de los derechos humanos y la vida de las personas que perecieron o sufrieron violaciones a sus derechos también implican un enorme cuestionamiento al Estado y a la sociedad peruana acerca de cómo hemos avanzado en revertir la enorme desigualdad y la discriminación y respecto de las dificultades para fortalecer un proceso de democratización y la cada vez más lejana participación de la ciudadanía en las decisiones públicas.
El Informe Final de la CVR entregó una completa sistematización y análisis de los hechos de violencia ocurridos entre 1980 y el 2000. Para ello se basó en producción académica, institucional y periodística y, sobre todo, en casi 17 mil testimonios. El gran aporte de la CVR fue organizar un relato para comprender la complejidad de la violencia y fundamentalmente recuperar los rostros de las víctimas de la mayor tragedia de nuestra historia republicana. Resulta fundamental recordar la centralidad de las víctimas en las políticas públicas como un elemento clave del quehacer de la memoria. Las víctimas siguen esperando una justicia que identifique y sancione, pero sobre todo que recupere la verdad y encuentre a sus seres queridos.
Ciertamente el Estado ha implementado algunas de las recomendaciones de la CVR, como el plan integral de reparaciones –en el que se han invertido cerca de 330 millones de dólares hasta ahora– y el mecanismo especializado para la búsqueda de personas desaparecidas. En el primer caso, la inversión no llega a transmitir un efecto reparador debido a la ausencia de un reconocimiento de la afectación sufrida que se realice de forma institucional y pública. Las organizaciones de víctimas y familiares han demandado en reiteradas ocasiones la necesidad de fortalecer las reparaciones en educación y salud, avanzar en vivienda y alcanzar una mayor participación en reparaciones colectivas. Especial atención merece la necesidad de culminar el plan nacional de memoria con el fin de articular diversas iniciativas de memorialización que ya suman más de 130 a nivel nacional (IDEHPUCP, 2021), pero que requieren fortalecimiento y asesoría técnica del Estado. En segundo lugar, queda el desafío de la búsqueda de personas desaparecidas, que según la Dirección General de Búsqueda del Ministerio de Justicia suman cerca de 22 mil. Los familiares esperan desde hace mucho tiempo respuestas sobre el paradero y el destino de sus seres queridos.
A nivel social y político, se observa una aguda polarización expresada en narrativas de negacionismo –es decir, la justificación, negación o minimización de los crímenes y omisiones cometidos por el Estado durante estas dos décadas– y en el terruqueo, como se designa a la práctica de estigmatizar a víctimas y familiares, activistas y a toda representación narrativa, artística o simbólica de ese período calificándolas de terroristas. Así se amplifican y legitiman narrativas que buscan confrontar y apelar a la violencia como una salida a cualquier conflicto o desacuerdo. El uso indiscriminado de la fuerza durante las protestas realizadas entre diciembre del 2022 y enero del 2023, que según la Defensoría del Pueblo ha dejado un saldo de 67 personas muertas y 1785 heridas, y los ataques de agrupaciones como La resistencia, son expresión de ello.
El clima político de debilidad institucional no solo pone en riesgo los mecanismos de política pública sino también las respuestas a las demandas de los familiares y víctimas y su dignificación, incumpliendo principios consagrados en convenios internacionales de protección a los derechos humanos y en normas nacionales. Así, nos enfrentamos a un pasado que no ha concluido, un pasado que 20 años después nos recuerda enormes deudas de derechos, igualdad y ciudadanía que quedan por ser atendidas.
*Magister en Ciencia Política, docente en la PUCP e investigadora en temas de memoria, democracia y posconflicto en el IDEHPUCP.
*La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú fue creada el 2 de setiembre de 1983.