En el Perú, la minería ilegal ya produce el doble de dinero que el narcotráfico. Mientras que la primera, sobre todo con el oro, alcanza los USD 10 mil millones anuales, la cocaína mueve USD 4.7 mil millones. En los últimos años la minería ilegal se ha involucrado con bandas criminales organizadas que ven más rentable el negocio del preciado material aurífero. Esto ocurre en la región de La Libertad y gran parte del país.
El pasado 2 de julio un grupo de mineros ilegales, provistos de armas de largo alcance y explosivos, atacaron los predios de la empresa minera Summa Gold, ubicada en Huamachuco.
En las imágenes de video, proporcionadas por la empresa minera, se logra ver a varios sujetos armados con petardos de dinamita en mano, intentando ingresar al predio minero. Por varias horas, los vándalos buscaron penetrar por la zona boscosa, conocida como Bosque Polo, hasta las operaciones ubicadas en el caserío de Coigobamba, distrito de Huamachuco, sin embargo, no lograron su cometido.
El gerente de asuntos externos, Francisco Medina, señaló que las autoridades no deben esperar que pase más tiempo ya que la minería ilegal está tomando mucho peso, y pidió que se declare el estado de emergencia en la zona.
“Lo ocurrido ayer, prácticamente ha sido un acto terrorista delincuencial absoluto. No hubo, por suerte, pérdidas humanas, pero debemos tener en claro que esto no debe seguir sucediendo”, agregó.
“No podemos permitir que Huamachuco se llene nuevamente de mineros ilegales”, urge Medina. Denunció, además, que “gente de la zona pretende decir que nosotros hemos sido los responsables del ataque”.
Medina también cuenta que tuvo la oportunidad de conversar con uno de los vigilantes que estuvo en el lugar del ataque, quien le relató que las balas y los cartuchos de dinamita caían cerca de las piedras donde el personal se resguardaba: “Ingeniero, se sentían las balas que caían muy cerca y soltaban la dinamita como piedritas”.
Otro detalle de importancia que relata Medina es que, en algún momento, uno de los medios de la zona dejó entrever que la empresa Summa Gold usa cartuchos de dinamita en sus operaciones, lo cual no es cierto pues la empresa utiliza explosivos de alta tecnología para las voladuras. “Pretender decir que esos cartuchos eran nuestros, es una farsa que vamos a desmentir categóricamente. Los que usan cartuchos de dinamita son los mineros ilegales que, escondidos tras sus capuchas, nos están disparando y arrojándonos dinamita”, aclaró.
Por su parte, Miguel Reyes, asesor legal y vocero de la compañía, precisó que a consecuencia del ataque han tenido que cerrar las operaciones en el polígono de la fase nueve de la concesión.
“Estamos dejando de producir en esa zona 135 onzas de oro por día que, al precio de venta de USD 2300 dólares, nos representa una pérdida de USD 310 000 dólares, hasta que podamos volver a operar”, subrayó.
MÁS DE 30 PLANTAS OPERAN ILEGALMENTE
El director ejecutivo de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla Rubio, reveló que en Pataz existen más de 30 plantas de beneficio o tratamiento de mineral que operan ilegalmente. Además, denunció que en promedio salen 22 volquetes con una carga de hasta 30 toneladas de mineral todos los días, sumando 3417 volquetes entre el 1 de setiembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024.
“En el caso de Pataz, vemos que ahí los actores van hacia los acopiadores que se encuentran en Trujillo, Chimbote, hasta Huarmey. Incluso hay conexión por la Panamericana Sur al eje del sur, como Nazca, donde se encuentran muchas de las plantas de transformación”, precisó.
Puntualizó que utilizaría el término de minería no formal. “Hoy es muy tenue la diferenciación y mucha de la minería informal se podría decir que es ilegal, pero, estrictamente hablando, hacemos esta digresión para plantear lo más objetivamente posible esta definición”, explicó.
De acuerdo con el estudio realizado por Videnza Instituto, se han identificado cinco ámbitos territoriales de minería aurífera no formal, en donde se intersectan dos características: por un lado, la alta cantidad de derechos mineros registrados en el REINFO (vigentes o suspendidos) y, por otro, la prevalencia de minería ilegal e índices de alto nivel de inseguridad.
Los resultados revelaron que esos ámbitos son Pataz, Piura (zona norte limítrofe con el Ecuador), Madre de Dios, Puno y la costa sur, que abarca parte de Arequipa. Muchos distritos de dichos territorios presentan, aunque no de manera homogénea, bajo índice de Desarrollo Humano (IDH), mayor pobreza y déficit de acceso a servicios básicos, como electricidad y saneamiento.
Para atender la situación en esas zonas y hacer frente a la minería ilegal, que desencadena una serie de problemas, Castilla brindó algunas recomendaciones.
“Se requieren estrategias explícitas de desarrollo regional lideradas por el sector minero –y un abordaje integral para la minería no formal– adecuadas a la realidad de cada territorio. También poner mayor énfasis en los puntos de transformación. Un sistema de trazabilidad del oro es clave y urge acabar con el REINFO como instrumento que da legalidad a actividades criminales”, apuntó.
PATAZ FOCO DE ATAQUES
En mayo pasado la minera Poderosa denunció un nuevo atentado contra una torre de alta tensión que proveía de electricidad a la empresa ubicada en la localidad de Santa Rosa de Zancobamba, distrito Chugay, provincia de Sánchez Carrión, La Libertad. En total son 15 torres de alta tensión derribadas por grupos que generan el terror en Pataz.
POLICÍA DESBARATÓ ´LA GRAN ALIANZA´
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad – Equipo 2, detuvo a 14 presuntos integrantes de la organización criminal ‘La Gran Alianza’, vinculada a los delitos de homicidio; sicariato; tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos; minería ilegal; así como hurto y robo de minerales; en la provincia de Pataz.
Según la investigación fiscal, esta organización criminal –conformada por ex reos y exintegrantes de bandas y redes delictivas– operaría desde mediados de 2020, en la provincia de Pataz, donde, en un primer momento, ofrecieron el supuesto servicio de seguridad o resguardo (‘chalequeo’) para los socavones y/o mineros ilegales que operaban en dicha localidad para, posteriormente, radicalizar su actuar ejecutando delitos de extorsión, trata de personas, homicidios y otros, vinculados a la minería ilegal.
Entre los detenidos se encuentra el lugarteniente y hermano del cabecilla de esta organización criminal, Juan Manuel Blas Lezama. También fueron detenidos Homero Ruiz Camacho, Elías Lezama Bermúdez, Oliver Sauna Barboza, Anderson Lezama Bermúdez, Yerson Yupanqui Rodríguez, Niuler Rocha Castillo, Carlos Briceño Vásquez, Elmer Gutiérrez Cruz, Lenin López Campos, José Araujo Laiza, Ronald Gonzales Pachamango, Francisco Malqui Robles, Ricardo Luis Castro Ysminio.
ENCUESTA A FAVOR DE ERRADICACIÓN
Una encuesta de mayo pasado realizada por IPSOS reveló que más del 80 % de peruanos considera que el actual Gobierno debería atender el tema de la minería ilegal. Mientras que otro 60 % de encuestados cree que la corrupción de autoridades es la principal barrera para la lucha contra la misma.
Las autoridades peruanas han estado trabajando para combatir la minería ilegal en Pataz realizando operativos de control y represión de esta actividad. Sin embargo, la falta de recursos y la corrupción en algunas instancias, dificulta la erradicación completa de la práctica.
Es necesario intensificar los esfuerzos para frenar la minería ilegal en Pataz y proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas. La promoción de una minería responsable y sostenible es clave para garantizar el desarrollo sostenible de la región. La encuesta revela que el 57 % cree que el Congreso de la República obstaculiza las acciones contra la actividad ilícita. Esto se debe a que diversos congresistas intentan aprobar proyectos de ley que benefician a la minería ilegal.