Un revelador estudio de la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) muestra que la minería ilegal ha generado una crisis social, ambiental y de género en la cuenca del río Nanay, donde las mujeres enfrentan riesgos múltiples -desde explotación laboral y sexual hasta la marginación institucional-, pero a la vez protagonizan la defensa del territorio y la reconstrucción de alternativas económicas en la Amazonía peruana.
El informe Oro Sombra: La expansión de la minería ilegal y sus efectos en la cuenca del río Nanay de DAR, sintetiza la problemática que recae especialmente sobre la comunidad campesina Seis Hermanos en Loreto, donde la expansión extractiva configura las dinámicas sociales y aumenta el grado de vulnerabilidad de la población en especial de la femenina.
El estudio evidencia cómo la minería ilegal ha modificado el funcionamiento económico y social de la cuenca: la actividad genera empleos informales y precarios para gran parte de la población, mientras una minoría acapara los ingresos del comercio del oro obtenido fuera de los marcos legales. La polarización de la economía local se traduce en desigualdad y dependencia, forzando a grupos vulnerables a aceptar condiciones adversas.
Uno de los puntos más alarmantes del estudio reside en la situación de las mujeres jóvenes de la comunidad Seis Hermanos. Son reclutadas como cocineras en los campamentos mineros, expuestas a pagos bajos y a diversos tipos de violencia, donde la coacción y la manipulación originan situaciones que cruzan rápidamente hacia la explotación sexual.
El informe indica que se han reportado ofertas para que participen en actividades sexuales a cambio de hasta tres gramos de oro por noche, equivalentes a entre 570 y 690 soles. Según el informe “el círculo de la explotación afecta la dignidad, somete a las mujeres a redes informales y las deja desprotegidas frente a la trata y la violencia estructural”.
La llegada de trabajadores foráneos y el crecimiento de asentamientos transitorios también han roto las redes familiares y comunitarias tradicionales. Las autoras del estudio recogen testimonios donde se evidencia el incremento de la inseguridad, el miedo colectivo y el debilitamiento de las formas ancestrales de protección y resolución de conflictos. Se documentan amenazas, actos de intimidación y agresiones físicas contra defensores y liderazgos, en un contexto donde la respuesta estatal es insuficiente o casi inexistente.
Ante ese escenario, la investigación reconoce el rol estratégico de las mujeres en la organización y protección comunal. Han impulsado la formación de redes de vigilancia comunitaria que monitorean el avance de la minería ilegal, recolectan información, alertan sobre situaciones de peligro y articulan respuestas de resistencia. Paralelo al conflicto, el estudio muestra también el surgimiento de iniciativas productivas sostenidas mayoritariamente por mujeres. La pesca artesanal y la reactivación de actividades agrícolas y forestales tradicionales permiten reducir la dependencia económica respecto a la minería ilegal.
Además, el estudio señala que la ausencia de oportunidades y la desintegración de los lazos familiares y comunitarios han empujado a numerosos jóvenes hacia el consumo habitual de alcohol, con consecuencias directas sobre la convivencia y el futuro de la comunidad. Esta tendencia, lejos de ser una elección individual aislada, responde a un contexto donde la economía ilícita y el debilitamiento del tejido social bloquean el acceso a educación y empleos dignos, perpetuando ciclos de exclusión y vulnerabilidad para las generaciones más jóvenes.
El informe concluye con un llamado a fortalecer la protección institucional, asegurar recursos específicos para las defensoras del territorio y diseñar estrategias públicas integrales centradas en las mujeres y sus derechos. Diferenciar el impacto según género, visibilizar la resistencia y ofrecer herramientas para alternativas productivas resultan urgentes para frenar el avance del oro ilegal que sigue transformando la selva loretana.
