El Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron la detención preliminar de ocho efectivos policiales acusados de presuntamente cobrar dinero durante intervenciones realizadas en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao. El caso, que vuelve a poner bajo escrutinio el accionar policial en operativos excepcionales, involucra a agentes de la Depincri de San Martín de Porres, incluido un oficial en actividad.
La medida fue dispuesta por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte (Primer Despacho), que investiga a los agentes por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y robo agravado. Las detenciones preliminares se produjeron tras una serie de diligencias que incluyeron allanamientos simultáneos en distintos distritos de la capital.
Operativo fiscal y allanamientos simultáneos
Las acciones fiscales se desarrollaron en los distritos de Cercado de Lima, La Victoria, El Agustino, Puente Piedra y San Martín de Porres, siendo esta última jurisdicción el eje central de la investigación. Entre los inmuebles intervenidos se encuentra la sede de la Depincri de San Martín de Porres, donde se incautó documentación y otros elementos que servirán como evidencia en el proceso.
Según fuentes del Ministerio Público, el objetivo del operativo fue asegurar material probatorio y evitar una posible obstrucción a la justicia, dada la condición de funcionarios públicos de los investigados y la gravedad de las imputaciones.
Un oficial implicado y antecedentes preocupantes
Entre los detenidos figura el alférez PNP Peter Llanca, junto a los suboficiales Edwin Acuña, Ronald Castillo, Neil Rafael, Julio Raime, Miguel Egas, Junior Mauricio y Mauricio Benavides. De acuerdo con la Fiscalía, tres de los suboficiales ya habían sido intervenidos el pasado 12 de enero por hechos de naturaleza similar, lo que agrava su situación legal y plantea serias dudas sobre los mecanismos de control interno en la institución.
La reincidencia de algunos de los implicados es uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades, ya que sugiere la existencia de prácticas irregulares sistemáticas al interior de determinadas unidades policiales, especialmente durante periodos de estado de emergencia, cuando se amplían las facultades de intervención.
La denuncia que destapó el caso
El caso se remonta a mayo de 2025, cuando, en pleno estado de emergencia, los agentes investigados habrían ingresado a un hostal ubicado en San Martín de Porres con el pretexto de realizar una intervención policial a ciudadanos extranjeros. Según la denuncia, durante el operativo se habría hecho uso de la fuerza, tras lo cual los efectivos se apropiaron de dinero y bienes materiales antes de concluir la diligencia.
Además de los ciudadanos extranjeros, la dueña del hospedaje también fue detenida y conducida a la Depincri de San Martín de Porres. Fue en ese contexto que, de acuerdo con el testimonio recogido por la Fiscalía, uno de los policías solicitó a la esposa de uno de los intervenidos el pago de una suma de dinero a cambio de su liberación, hecho que finalmente motivó la denuncia formal ante el Ministerio Público.
Investigación en marcha y cargos preliminares
Tras tomar conocimiento del caso, la fiscal anticorrupción Edith Mabell Cabrera García inició la investigación preliminar y solicitó al Poder Judicial las medidas coercitivas que permitieron la detención de los agentes y el allanamiento de los inmuebles vinculados. La Fiscalía busca determinar el grado de responsabilidad individual de cada uno de los efectivos y establecer si existen más víctimas o otros hechos similares no denunciados.
Los delitos imputados —cohecho pasivo propio y robo agravado— contemplan penas severas, especialmente por tratarse de funcionarios públicos que habrían aprovechado un contexto excepcional, como el estado de emergencia, para obtener beneficios ilícitos.
Impacto institucional y cuestionamientos
El caso vuelve a poner en el centro del debate el uso de los estados de emergencia y los riesgos de abuso de poder cuando no existen controles eficaces. Diversos especialistas han advertido que, si bien estas medidas buscan reforzar la seguridad ciudadana, también pueden generar espacios propicios para actos de corrupción si no se acompañan de una supervisión estricta.
Por ahora, los ocho efectivos permanecen detenidos de manera preliminar mientras avanzan las diligencias fiscales. La Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque se espera que en las próximas horas se anuncien medidas administrativas internas respecto a los implicados.