Los conflictos sociales por proyectos mineros podrían intensificarse durante los próximos meses si el nuevo gobierno prioriza el destrabe de inversiones extractivas sin fortalecer los mecanismos de diálogo y gestión territorial. Esa es la principal advertencia del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), que presentó su informe correspondiente al primer semestre de 2026.
El documento sostiene que el país enfrenta un escenario similar al registrado durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), cuando la aceleración de proyectos mineros coincidió con un incremento de las protestas sociales en distintas regiones.
Según el Observatorio, el desafío será equilibrar la promoción de inversiones con la prevención de conflictos, especialmente en territorios donde la población mantiene cuestionamientos sobre los impactos ambientales y sociales de la actividad minera.
Conflictos sociales por proyectos mineros podrían aumentar con nueva agenda extractiva
El informe señala que la cartera nacional comprende 67 proyectos mineros, valorizados en aproximadamente 64 mil millones de dólares, de los cuales el 45,5 % se concentra en el sur del país.
Para el OCM, esta situación representa un factor de riesgo debido a que varias de las regiones donde se desarrollan estas inversiones no respaldaron electoralmente al próximo gobierno, lo que podría dificultar la construcción de consensos y aumentar la conflictividad.
El organismo advierte que una política orientada a acelerar autorizaciones y reducir exigencias regulatorias podría reproducir escenarios de tensión ya registrados en años anteriores.
Inversión minera alcanza niveles récord
El informe destaca que la inversión minera llegó a 6.228 millones de dólares en 2025, el nivel más alto de la última década.
Asimismo, durante el primer trimestre de 2026 las inversiones crecieron 43,7 % respecto del mismo periodo del año anterior.
Las exportaciones del sector alcanzaron 61.849 millones de dólares, mientras que el empleo formal llegó a 262.365 trabajadores, la cifra más alta registrada hasta la fecha. De ese total, el 71,6 % corresponde a personal contratado mediante empresas especializadas o contratistas.
Pese a estos indicadores, el Observatorio sostiene que la mayor actividad extractiva no ha significado una recuperación de la recaudación fiscal comparable con la registrada durante el denominado superciclo minero.
Concesiones abarcan el 17,6 % del territorio nacional
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es el crecimiento de la superficie concesionada para actividades mineras.
Según el informe, actualmente existen 22,67 millones de hectáreas concesionadas, equivalentes al 17,6 % del territorio peruano.
En regiones como Apurímac, las concesiones alcanzan el 76,5 % de la superficie regional, aunque solo una parte de esos terrenos mantiene actividad extractiva efectiva.
El Observatorio considera que esta situación alimenta el debate sobre la existencia de concesiones ociosas y posibles procesos de especulación territorial.
Especialistas advierten riesgos ambientales e institucionales
Durante la presentación del informe, José De Echave, investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, sostuvo que desde distintos sectores se impulsa una agenda orientada a facilitar la inversión mediante la reducción de regulaciones ambientales y sociales.
Por su parte, Marco Arana, representante de Grufides, expresó preocupación por el desarrollo de grandes proyectos como La Granja, señalando que también existe incertidumbre respecto de la independencia del Poder Judicial y la autonomía de las instituciones encargadas de la fiscalización ambiental.
En tanto, David Velazco, director de Fedepaz, advirtió que en regiones como Piura, donde el 23,8 % del territorio está concesionado, persisten controversias por proyectos como Río Blanco y El Algarrobo, cuestionados por sectores de la población.
Asimismo, sostuvo que eventuales reducciones en los plazos para aprobar estudios de impacto ambiental podrían debilitar los mecanismos de control y aumentar las tensiones sociales.
Reinfo será una de las primeras decisiones del nuevo gobierno
Otro de los temas que el Observatorio considera prioritarios es el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo de vigencia culmina en diciembre de este año.
La abogada Ana Leyva, especialista de CooperAcción, afirmó que la decisión que adopte el próximo gobierno respecto al Reinfo marcará la política pública frente a la minería informal e ilegal durante los próximos años.
El informe también advierte que la diferencia entre el volumen de oro producido y el exportado supera las 100 toneladas, con un valor estimado de 15 mil millones de dólares, situación que, según el documento, evidencia los desafíos pendientes en materia de fiscalización.
El reto será combinar inversión con gobernanza
El Observatorio concluye que el Perú enfrenta un escenario decisivo para el desarrollo del sector minero. Si bien reconoce la importancia de la inversión para la economía nacional, considera que la expansión de proyectos deberá ir acompañada de mecanismos eficaces de diálogo, fortalecimiento institucional y protección de derechos para evitar una nueva escalada de conflictos sociales por proyectos mineros.
De acuerdo con el informe, la forma en que el nuevo gobierno gestione el desarrollo de las inversiones extractivas, la formalización minera y la relación con las comunidades será determinante para definir el clima social en los territorios donde se concentran los principales proyectos del país.