La polémica por la ley de amnistía
La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) se pronunció con firmeza contra la reciente Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso, que concede beneficios a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
Para los obispos, esta norma representa un grave retroceso en materia de justicia y derechos humanos. Según el comunicado difundido el 2 de septiembre de 2025, la ley “fomenta la impunidad” de quienes cometieron delitos considerados de lesa humanidad, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y torturas.
“La ley de amnistía niega la dignidad de la persona humana y resta gravedad a la muerte y los delitos que se perpetraron con ensañamiento contra seres humanos”, advierte el texto firmado por el cardenal Carlos Castillo y varios prelados del país.
¿Por qué la Iglesia rechaza esta ley?
El rechazo de la Iglesia Católica se sustenta en diversos argumentos legales, éticos y humanitarios:
- Violación de tratados internacionales: Los obispos recuerdan que el Perú ha suscrito convenios internacionales que prohíben expresamente la amnistía para delitos de lesa humanidad.
- Riesgo de impunidad: Señalan que la norma impide que las víctimas y sus familias accedan a la verdad y la justicia.
- Debilitamiento del Estado de derecho: Al desconocer las sentencias firmes de tribunales nacionales e internacionales, la ley abre la puerta a la arbitrariedad.
- Impacto social negativo: Para la CEP, aprobar esta norma sin un debate profundo atenta contra los esfuerzos de reconciliación nacional iniciados tras el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Los prelados subrayan que, aunque reconocen la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la defensa de la paz, no se puede generalizar beneficios sin distinguir a quienes actuaron dentro de la ley de aquellos que incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos.
La CVR y la memoria del conflicto armado
En su comunicado, los obispos citaron las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que en su Informe Final de 2003 atribuyó la mayor responsabilidad de crímenes al grupo terrorista Sendero Luminoso, pero también documentó numerosos casos de abusos cometidos por agentes del Estado.
La Iglesia recordó que “ninguna guerra justifica cualquier muerte, incluso la de inocentes”, y lamentó que algunos miembros de las fuerzas del orden respondieran “a la barbarie del terrorismo con igual barbarie”.
Este posicionamiento busca reafirmar que todas las víctimas del conflicto armado interno tienen derecho a la justicia, sin distinción de quién cometió el delito. “El compromiso con los derechos humanos no termina nunca”, recordaron citando al Papa Francisco.
Llamado al Poder Judicial y a la sociedad
Uno de los puntos más importantes del pronunciamiento es la invocación directa a los magistrados del Poder Judicial. La CEP solicita que ejerzan un control constitucional sobre la norma y la inapliquen en los casos en los que se busque encubrir delitos graves:
“Pedimos a los honorables magistrados que, en nombre de la justicia, inapliquen esta ley que genera impunidad frente a delitos de grave crueldad”, señalan los obispos.
El mensaje también exhorta a los actores políticos a dejar de lado las rivalidades y construir un verdadero proceso de reconciliación nacional, basado en la verdad y la justicia.
Reacciones y debate nacional
La aprobación de esta ley ha generado amplias críticas por parte de organismos de derechos humanos, colectivos de víctimas y sectores académicos. Distintas organizaciones internacionales han advertido que el Perú podría enfrentar sanciones si desconoce tratados y convenios suscritos con instancias globales.
Por su parte, defensores de la norma sostienen que se trata de un acto de reparación histórica hacia los miembros de las fuerzas del orden que combatieron al terrorismo, pero la CEP advierte que un enfoque generalizado atenta contra el principio de justicia y no contribuye a la unidad nacional.
Justicia y reconciliación, no impunidad
La posición de la Conferencia Episcopal Peruana busca colocar en el centro del debate a las víctimas del conflicto armado y sus familias. Para la Iglesia, cualquier intento de amnistiar crímenes de lesa humanidad socava la construcción de un país más justo, inclusivo y democrático.
“El Perú no puede —ni debe— apartarse de los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito”, recalcan los obispos, quienes insisten en que la verdadera paz solo será posible si se construye sobre la base de la justicia.
