El Gobierno ejecutó una requisa penitenciaria de alto impacto en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, donde se decomisaron municiones, droga y objetos prohibidos, como parte de la estrategia para reforzar la seguridad ciudadana y frenar la operación del crimen organizado desde los centros de reclusión. El operativo fue liderado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, junto al ministro de Defensa, César Díaz, y la presidenta encargada del INPE, Shadia Valdez.
Operativo conjunto en pabellones críticos
La intervención se realizó en los pabellones 5 y 10 del penal y contó con el despliegue articulado de agentes penitenciarios especializados, efectivos de la Policía Nacional del Perú, miembros de las Fuerzas Armadas y personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE. El ingreso fue simultáneo con el objetivo de recuperar el principio de autoridad y bloquear posibles estructuras criminales que operarían desde el interior del establecimiento.
Hallazgos y acciones fiscales
Durante la requisa se incautaron armas blancas, droga, paquetes de cigarrillos y proyectiles de 9 milímetros, estos últimos ocultos en paredes y ductos de desagüe del penal. Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes y la determinación de responsabilidades.
Mensaje del Ejecutivo contra el crimen
El ministro Walter Martínez subrayó que el Estado no permitirá que las cárceles se conviertan en plataformas del delito. Señaló que la lucha contra la inseguridad es una tarea transversal y uno de los pilares del actual Gobierno.
“No vamos a permitir que desde los penales se planifiquen o faciliten actos violentos que pongan en riesgo la vida de los peruanos. El Estado está presente y recupera el control”, enfatizó el titular del sector Justicia.
Política sostenida de control penitenciario
Desde el Ejecutivo se informó que estas intervenciones forman parte de una política permanente para desarticular redes criminales, cortar sus fuentes de poder y eliminar cualquier posibilidad de operación armada desde los centros penitenciarios. El Gobierno reiteró que continuará con acciones de lucha frontal contra la delincuencia, con el objetivo de garantizar que los penales permanezcan bajo control absoluto del Estado.