El Ministerio de Salud (Minsa) anunció una medida sin precedentes en el sistema farmacéutico peruano: la detección de 239 medicamentos irregulares que incumplieron las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) exigidas por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).
La decisión se produjo tras el escándalo por el brote de infecciones hospitalarias causadas por la bacteria Ralstonia pickettii, vinculada al sedante Edetoxin, que generó una alerta epidemiológica nacional en octubre.
Control de calidad bajo la lupa
El Minsa informó que, tras una auditoría integral, 57 medicamentos fueron suspendidos de manera inmediata por no aprobar las inspecciones técnicas de la Digemid. Además, se ordenó el retiro de otros 50 productos del mercado nacional desde el 3 de noviembre, mientras continúa el proceso de depuración del total de 239 fármacos observados.
Esta revisión masiva surgió como respuesta al brote bacteriano hospitalario, que reveló deficiencias críticas en los controles de calidad de ciertos laboratorios e importadores. Según la institución, el 99,9 % del lote afectado de Edetoxin fue recuperado, y el importador del producto fue cerrado temporalmente mientras avanzan las investigaciones administrativas y penales.
“No se puede permitir que la salud pública sea vulnerada por fallas en la fabricación o supervisión de medicamentos”, declaró el ministro de Salud, Luis Quiroz.
¿Qué medicamentos están bajo investigación?
Aunque el Minsa no publicó aún la lista completa de productos observados, sí confirmó que todas las marcas involucradas están bajo investigación técnica y legal.
La Digemid detalló que los lotes intervenidos presentaban deficiencias en las certificaciones de origen, en la esterilización del contenido, y en la trazabilidad de los insumos farmacéuticos activos.
La pregunta clave es: ¿cómo falló el sistema de control sanitario?
De acuerdo con el informe preliminar del Minsa, las auditorías revelaron debilidades en los procedimientos de inspección, falta de seguimiento a fabricantes internacionales y una insuficiente capacidad de laboratorio para el control de calidad de importaciones.
El caso puso en evidencia fallas estructurales en el sistema de vigilancia farmacéutica peruano, que depende de un marco legal fragmentado y limitado frente al crecimiento del mercado.
Crisis sanitaria y renuncias en el sector Salud
El impacto político no tardó en llegar. En medio de la emergencia, renunció el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña Sánchez, tras más de dos años en el cargo.
En su carta de dimisión dirigida al ministro Luis Quiroz, Peña sostuvo que su salida “facilitará el recambio de equipos técnicos y permitirá que el nuevo gobierno consolide su propio equipo de gestión”.
Fuentes del Minsa señalaron que la renuncia forma parte de una reorganización interna impulsada por el presidente José Jerí, que incluye cambios en áreas críticas como CENARES, Planeamiento, Presupuesto y Redes Integrales de Salud.
El ministro Quiroz aseguró que las obras hospitalarias en curso no se detendrán durante la transición, y que la prioridad inmediata del despacho es “garantizar la seguridad, eficacia y calidad de todos los medicamentos en circulación”.
Una reforma estructural en Digemid
Como respuesta institucional a la crisis, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley que propone transformar a la Digemid en la Autoridad Nacional de Medicamentos, con mayores facultades de supervisión, sanción y control técnico.
La iniciativa busca modernizar el sistema de regulación farmacéutica y dotar de independencia administrativa a la entidad, al estilo de los modelos vigentes en Chile y Colombia.
Esta reforma permitiría que la futura Autoridad Nacional pueda imponer sanciones directas, ordenar retiros inmediatos de productos sin necesidad de trámite judicial, y exigir certificaciones internacionales de calidad a los laboratorios que exportan al Perú.
“Queremos un sistema sanitario moderno, capaz de anticipar riesgos y garantizar la salud de los ciudadanos. No podemos depender de auditorías reactivas”, afirmó el ministro Quiroz durante una conferencia de prensa.
Fiscalización sanitaria y confianza ciudadana
El caso Edetoxin reavivó el debate sobre la vulnerabilidad del sistema de salud pública y la confianza de los pacientes en los medicamentos distribuidos por hospitales y farmacias privadas.
La crisis también destapó los riesgos de la tercerización de la importación de insumos médicos, muchas veces sin verificación del origen ni control de calidad independiente.
El Minsa anunció que, a partir de noviembre, implementará un nuevo protocolo de inspecciones aleatorias en farmacias y droguerías, así como un registro digital unificado de proveedores farmacéuticos, con la finalidad de rastrear el origen de cada lote y evitar adulteraciones.
Un precedente sanitario sin retorno
La suspensión de 57 medicamentos y el retiro masivo de 50 más marcan uno de los mayores operativos de fiscalización sanitaria en la historia del Perú.
Las autoridades sanitarias advirtieron que los procesos de revisión continuarán durante todo el año 2026, y que los responsables enfrentarán sanciones administrativas y penales si se confirma negligencia en la fabricación o comercialización de los productos.
El Minsa reafirmó que su objetivo es “restablecer la confianza del público en los medicamentos que llegan a los hospitales y boticas del país”.
Mientras tanto, la ciudadanía espera que esta crisis marque el inicio de una reforma sanitaria duradera, que priorice la transparencia, el control técnico y la salud pública por encima del interés comercial.