El Ministerio Público rechazó la Ley 32330, que reduce la edad de responsabilidad penal a 16 años para delitos graves, por considerar que vulnera la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño, al desviarse del enfoque resocializador para adolescentes infractores.
La Fiscalía recordó que el Perú ya cuenta con un sistema especializado para adolescentes infractores, que prioriza la rehabilitación mediante severas medidas socioeducativas, incluyendo hasta 10 años de internamiento, reconociendo su etapa de formación.
La reciente ley, publicada en El Peruano, ha sido cuestionada por el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, y organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU y UNICEF, quienes advierten que equiparar a menores con adultos vulnera sus derechos fundamentales.
El Ministerio Público criticó la norma por considerarla un retroceso en la protección infantil e ineficaz contra la criminalidad, atribuyendo el aumento del delito a la inacción frente al crimen organizado. Urgió, por lo tanto, la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
