Más del 50% del territorio concesionado a la minería en el Perú está en manos de apenas el 1% de los titulares. Esta alta concentración de concesiones mineras pone en entredicho la viabilidad de la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, incluso con la eventual aprobación de la Ley MAPE y la quinta ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta diciembre de 2026, advirtió el 37° Observatorio de Conflictos Mineros (OCM).
Según el informe, en el país existen alrededor de 19 mil titulares de concesiones mineras, pero solo 191 concentran más del 50% de los derechos otorgados. En total, más de 20 millones de hectáreas, equivalentes al 16% del territorio nacional, se encuentran concesionadas. Sin embargo, menos de dos millones de hectáreas están realmente en actividad de exploración o explotación, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas.
Un diseño legal que profundiza la desigualdad
Durante la presentación del informe, José De Echave, investigador de CooperAcción, señaló que el propio diseño de la Ley General de Minería de 1992 ha permitido una acumulación extrema de derechos. Detalló que solo 812 titulares, vinculados a la gran y mediana minería (el 4,23% del total), concentran el 63% de las concesiones a nivel nacional.
En contraste, cerca de 16 mil pequeños mineros y mineros artesanales, que representan casi el 85% de los titulares, acceden apenas a poco más del 23% de las concesiones. Esta asimetría, sostuvo De Echave, empuja a miles de operadores a mantenerse en la informalidad. “La mayor parte del territorio disponible está reservado a grandes titulares, y la ley vigente no ofrece mecanismos reales para democratizar el acceso”, afirmó.
Uno de los principales cuellos de botella para la formalización minera es la exigencia de un acuerdo previo con el titular de la concesión. Este requisito, señaló el OCM, no puede resolverse únicamente con una norma específica como la Ley MAPE, ya que la política de concesiones está estructuralmente definida desde la legislación de 1992.
Avance de la minería ilegal de oro
El informe también alerta sobre el crecimiento sostenido de la minería ilegal de oro. En 2005, los cuatro principales titulares auríferos concentraban el 80% de la producción nacional. Hoy, ese mismo grupo representa apenas el 31%, reflejando una mayor dispersión de la producción y el avance de pequeños operadores informales e ilegales, especialmente en zonas de la Amazonía, con severos impactos ambientales y sociales.
Este cambio, indicaron los especialistas, evidencia cómo la falta de acceso formal a concesiones y la debilidad del Estado han favorecido la expansión de economías ilegales en regiones donde antes predominaba la gran minería.
Cajamarca, Arequipa y los focos de conflicto
Marco Arana, representante de Grufides, abordó el caso de Cajamarca, región emblemática de la conflictividad minera. Recordó los conflictos asociados a Conga y Yanacocha, y advirtió que el nuevo escenario de producción de oro combina el retroceso de grandes operaciones con el crecimiento de la pequeña y mediana minería, muchas veces sin control estatal efectivo.
En Arequipa, el director de Fedepaz, David Velazco, se refirió al conflicto en el valle de Tambo por el proyecto Tía María. Señaló que, pese a que el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2014 habría caducado tras cinco años sin avances, no se ha tramitado un nuevo EIA. Mientras tanto, solo en 2024 se abrieron 85 investigaciones fiscales contra dirigentes y agricultores opositores al proyecto, más del 60% de las cuales fueron archivadas.
Vacíos ambientales y formalización ficticia
Finalmente, la abogada de CooperAcción, Ana Leyva, advirtió que la ausencia de reglas claras para actualizar, revocar o declarar la caducidad de los estudios de impacto ambiental impide un control real de los proyectos mineros. En ese contexto, sostuvo que la ampliación del REINFO y la aprobación de la Ley MAPE, sin una reforma de fondo, solo trasladarán el problema y profundizarán la desigualdad y los conflictos.
El Observatorio de Conflictos Mineros concluyó que una formalización minera real solo será posible con una reforma profunda del régimen de concesiones, mayor control ambiental y la participación efectiva de los actores sociales afectados. Mantener el modelo actual, advirtió, perpetuará la informalidad, la exclusión y la conflictividad en el territorio.