En un esfuerzo por consolidar las instituciones educativas como espacios libres de riesgos, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que, entre el 14 de octubre de 2025 y el 12 de febrero de 2026, se ha procedido a la separación de 273 personas vinculadas al sector. Esta medida alcanza a 243 docentes y 30 administrativos que laboraban en 250 colegios públicos y 23 instituciones privadas a nivel nacional, todos ellos con procesos judiciales abiertos o condenas firmes por delitos de alta peligrosidad.
El ministro de Educación, Jorge Figueroa, subrayó que esta acción es parte de una estrategia permanente para «desterrar a los malos elementos infiltrados en el magisterio». Según el reporte oficial, del total de involucrados, 57 ya cuentan con sentencias condenatorias definitivas, mientras que 216 han sido apartados de manera preventiva para salvaguardar la integridad de los más de seis millones de escolares que iniciarán el año académico 2026.
Radiografía de los delitos: La lucha contra la violencia sexual
La estadística presentada por el Minedu revela que la mayor incidencia de separaciones se concentra en delitos contra la libertad sexual. De los 273 casos reportados, 254 corresponden a violación de la libertad sexual, mientras que otros 7 casos están relacionados con proposiciones a menores mediante el uso de tecnologías de la información.
Además de los delitos de índole sexual, la depuración ha permitido identificar a personas vinculadas a otros crímenes que atentan contra la seguridad del Estado y la sociedad:
- Terrorismo y apología: 9 casos (8 docentes y 1 administrativo).
- Tráfico ilícito de drogas: 2 casos detectados.
- Secuestro: 1 caso registrado.
Compromiso con la seguridad escolar en 2026
Solo en lo que va del presente año, el Minedu ya ha retirado a 152 trabajadores (134 docentes y 18 administrativos). El ministro Figueroa ha sido enfático al señalar que las escuelas deben ser territorios de protección, por lo que la supervisión administrativa no se detendrá. Esta política de «tolerancia cero» busca depurar el sistema educativo de individuos que representen una amenaza directa para niños y adolescentes.
El sector Educación ha recordado que estas acciones se ejecutan en cumplimiento del marco legal vigente, que exige el retiro inmediato de cualquier personal con antecedentes por delitos graves. La meta institucional para este 2026 es fortalecer los mecanismos de control en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las Direcciones Regionales de Educación (DRE) para evitar que malos elementos reingresen al sistema mediante el mercado de colegios privados o plazas de reemplazo.