Minedu rechaza acusaciones de compras irregulares y denuncia campaña de desinformación

La cartera que lidera Morgan Quero asegura que las adquisiciones de camisas, insumos de cocina y servicios protocolares responden a fines institucionales y no a uso personal del ministro.

por Edgar Mandujano

En medio de un reportaje televisivo que cuestionó presuntas adquisiciones irregulares con fondos públicos, el Ministerio de Educación (Minedu) salió al frente para negar categóricamente el uso personal de recursos del Estado por parte de su titular, Morgan Quero Gaime.

A través del Comunicado N.º 13-2025-MINEDU, difundido este 21 de septiembre, la institución señaló que se trata de una “campaña de desinformación” que busca manipular la opinión pública y desconocer las medidas de austeridad implementadas desde abril de 2024, cuando Quero asumió la conducción del sector en reemplazo de Miriam Ponce.

El pronunciamiento llega tras las revelaciones del programa Cuarto Poder, que detalló compras de camisas, blusas, snacks, café, galletas y hasta un vaporizador de prendas adquiridos con dinero público. El informe periodístico desató una ola de críticas en redes sociales y abrió un debate sobre la transparencia en el uso de la caja chica ministerial.


¿Qué respondió el Minedu?

El ministerio descartó que el ministro u otros funcionarios utilicen fondos del Estado para fines privados. “Es falsa la acusación de destinar recursos públicos al uso personal del titular del sector en la compra y lavado de camisas”, señala el comunicado.

Según el sector, las camisas institucionales tienen carácter protocolar y son usadas en actos oficiales y actividades no programadas de la Alta Dirección. Además, precisó que estas prendas están disponibles para funcionarios de los dos viceministerios y del Gabinete de Asesores.

Respecto a las compras de alimentos, el Minedu aseguró que se trata de adquisiciones mínimas para la atención protocolar en reuniones de trabajo o en refrigerios institucionales. La entidad recordó que a diario reciben a autoridades, representantes del sector privado y miembros de la sociedad civil, lo que hace necesario contar con ciertos insumos básicos.


¿Qué medidas de control se han adoptado?

El comunicado también subraya que la actual gestión introdujo topes y mecanismos de control interno con el fin de garantizar un uso correcto de la caja chica. Una de las decisiones destacadas fue eliminar la compra recurrente de almuerzos y desayunos, una práctica que —según el Minedu— se arrastraba de administraciones anteriores.

“Se implementó una política austera de restricción de gastos innecesarios”, precisa el pronunciamiento. La cartera educativa insiste en que cada desembolso se encuentra enmarcado en el presupuesto institucional y bajo los procedimientos de ley.


La batalla por la opinión pública

El Minedu acusa a los críticos de impulsar una campaña para socavar la credibilidad del sector y desconocer los cambios introducidos desde 2024. “No permitiremos que versiones tergiversadas pretendan desinformar a la ciudadanía”, enfatiza el comunicado.

El mensaje se da en un momento políticamente sensible para el ministro Morgan Quero, quien enfrenta cuestionamientos por su estilo de gestión y por la manera en que maneja la relación con sindicatos y gremios del sector educativo.

¿Será suficiente este pronunciamiento para frenar la polémica? La presión social y mediática apunta ahora hacia los órganos de control, como la Contraloría General de la República, que podría intervenir para auditar los gastos y determinar si hubo o no uso indebido de fondos públicos.


¿Hasta qué punto las adquisiciones protocolares en un ministerio se diferencian de gastos personales?

La línea divisoria suele ser difusa, y por ello especialistas en derecho administrativo han sugerido que se realicen auditorías independientes. Solo una revisión técnica permitirá establecer responsabilidades y dar claridad a la opinión pública.

El pronunciamiento del Minedu busca marcar distancia entre rumor y gestión, defendiendo la legalidad de las compras realizadas y destacando la implementación de una política de austeridad. Sin embargo, el caso refleja un problema recurrente en la administración pública: la percepción ciudadana sobre el manejo de recursos, especialmente en sectores tan sensibles como la educación.

La transparencia y los mecanismos de fiscalización serán claves en los próximos días para determinar si este episodio se trata únicamente de un malentendido amplificado mediáticamente o si existen elementos que ameriten sanción.

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