El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destruyó 557 máquinas tragamonedas decomisadas en diversas regiones del país, en lo que constituye la primera gran jornada del año contra el juego ilegal. La operación, encabezada por la viceministra de Turismo, Aracelly Laca Ramos, se inscribe en un esfuerzo sostenido del Estado por imponer reglas en un sector históricamente permeado por la ilegalidad y la evasión.
“Son máquinas ubicadas en locales sin licencia, sin registro y sin pago de impuestos. Lo más grave es que muchas de ellas estaban al alcance de menores de edad”, señaló la viceministra durante la actividad. El mensaje es claro: la ilegalidad no solo erosiona la economía formal, también corroe los espacios públicos y normaliza la impunidad.
Del total de equipos destruidos, 359 fueron incautados en salas sin autorización y 198 por estar vinculados al uso o atracción de menores. Los decomisos se realizaron en Lima, Áncash, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Arequipa, Pasco, San Martín y Junín, regiones donde el juego informal se multiplica con facilidad ante la débil fiscalización local.
El Mincetur, a través de su Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, mantiene operativos de control permanentes. En lo que va del 2025, ha clausurado cuatro salas clandestinas —entre ellas, en Sicuani (Cusco) y Mazamari (Junín)— y ordenado el cierre temporal de ocho locales de apuestas deportivas ilegales.
El esfuerzo regulatorio no pasa desapercibido. Este año, el Perú fue reconocido como “mejor regulador del mundo” en materia de juegos de casino y tragamonedas, un título inédito para un país latinoamericano y que refuerza la imagen de un Estado decidido a limpiar su propio tablero.
Pero la batalla no termina en los depósitos de chatarra. Cada máquina destruida representa un pequeño triunfo en un juego más grande: el de la legalidad frente al descontrol. Y en ese tablero, todavía quedan muchas fichas por mover.