El pasado sábado 21 de febrero de 2026, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ejecutó el retiro de cuatro perros comunitarios —Tobi, Panda, Luna y Lalo— que habitaban en el terminal El Naranjal del Metropolitano. La intervención ha generado un fuerte enfrentamiento entre la institución y diversas organizaciones de protección animal, quienes cuestionan las formas y el destino final de los canes.
La postura de la ATU: Seguridad y bienestar técnico
Según el comunicado oficial de la ATU, el traslado a un albergue especializado respondió a denuncias ciudadanas y a una evaluación técnica. La entidad argumentó que una estación de transporte masivo no es un entorno adecuado para la convivencia animal, citando incidentes previos como mordeduras, riesgos de atropello y problemas sanitarios que ponían en peligro tanto a los perros como a los miles de usuarios diarios.
La institución subrayó que el operativo se realizó en el marco de la Ley N.° 30407 (Ley de Protección y Bienestar Animal) y que el albergue tiene carácter temporal. El objetivo declarado es impulsar la adopción responsable de los canes. Asimismo, recordaron que desde 2023 realizan jornadas de vacunación y empadronamiento en coordinación con algunos sectores de la sociedad civil.
Denuncias de maltrato y falta de coordinación
Por el contrario, la Asociación Proyecto Libertad y el colectivo Patitas del Naranjal calificaron la acción como un retroceso. Heidi Paiva, fundadora de Proyecto Libertad, denunció que el traslado se realizó de manera inadecuada, utilizando jaulas inseguras en la tolva de camionetas expuestas al sol. Según la activista, la ATU no notificó al colectivo que se encargaba diariamente de la alimentación y salud de los animales.
Las organizaciones advierten que llevar perros adultos a un albergue no soluciona el problema de fondo, dado que las probabilidades de adopción para canes de gran tamaño son bajas. Critican que la ATU haya ignorado propuestas técnicas previas que planteaban soluciones éticas y educativas, calificando el operativo como un acto de maltrato que prioriza «limpiar» la estación sobre el bienestar real de los seres sintientes.
Exigencias de la comunidad y acciones legales
La controversia ha movilizado a vecinos y defensores de los animales, quienes han iniciado protestas exigiendo transparencia sobre la ubicación exacta y el estado de salud de Tobi, Panda, Luna y Lalo. Los activistas sostienen que la ley faculta a asociaciones constituidas para asumir la custodia de animales de la calle y acusan a la ATU de interpretar la normativa de forma arbitraria.
Ante la falta de acuerdos, los colectivos han anunciado que continuarán con las medidas de fuerza hasta que los perros sean trasladados a un lugar que cumpla con condiciones óptimas de bienestar o sean devueltos a la custodia de las organizaciones que velaban por ellos. El caso pone en debate la gestión de la fauna urbana en espacios públicos de alta afluencia en la capital.