Más de diez millones de peruanos, 31.5% de la población, están expuestos a metales tóxicos como arsénico, plomo, cadmio y mercurio, y como resultado de esta situación, seis niños han muerto recientemente por esta causa. La denuncia fue realizada por representantes de once regiones del país, integrantes de la Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas, quienes alertaron que la contaminación provocada por actividades extractivas sigue cobrando vidas en silencio.
Voceros de Pasco, Junín, Huancavelica, Callao, Lima Provincias, Cusco, Moquegua, Apurímac, Amazonas, Loreto y Áncash advirtieron que esta crisis sanitaria afecta principalmente a comunidades rurales y originarias, donde no existen laboratorios para detectar los niveles de intoxicación, ni campañas médicas permanentes, ni un registro oficial de las personas contaminadas.
“Nos están dejando morir lentamente,” dijo Anthony Oscátegui, presidente de la Plataforma. “Desde 2017 venimos articulando esfuerzos para visibilizar cómo la minería y el petróleo están envenenando a nuestras familias. Hoy no existe ni un registro oficial de afectados ni laboratorios que midan el grado de toxicidad en la sangre o los suelos. Hay comunidades enteras que agonizan sin atención médica y sin un plan real de respuesta.”
Por su parte, Elvis Saavedra, vocero de Loreto, denunció el fallecimiento de cinco menores de edad en el distrito de Andoas tras un derrame de petróleo. “No es un caso aislado. En Morona tenemos registrados casos desde 2016. No contamos con un solo laboratorio regional para detectar metales en el cuerpo ni campañas médicas sostenidas. Nos están dejando morir sin saber cuánto veneno llevamos dentro”, afirmó.
Saavedra señaló que la falta de presupuesto y personal médico en las microredes de salud amazónica es crítica. “En el mejor de los casos, solo llegan con paracetamol”, dijo.
Desde La Oroya, Lila Torpoco cuestionó el modelo económico extractivista, y señaló que: “El Estado dice que la minería aporta, pero de cada S/ 1,000 recaudados por IGV, solo S/ 0.40 es destinado a salud, y para los afectados por metales solo S/ 2 por persona. ¿Cuál es el valor de una vida para este país?”, cuestionó.
Elsa Benavente, vocera de Huancavelica, recordó que en diciembre de 2021 se aprobó el Plan Especial Multisectorial para la Atención Integral de la Población Expuesta a Metales Pesados y Otras Sustancias Tóxicas, y a más de tres años de su publicación, su ejecución real sigue pendiente. “No hay laboratorios regionales, no hay presupuesto suficiente, y los gobiernos regionales no están informados. Seguimos empujando este plan a punta de presión social, porque el Estado no lo impulsa por voluntad propia”, dijo Benavente.
Además, denunció también que muchas comunidades consumen agua con niveles de arsénico que superan altamente los límites permitidos. En algunas zonas, los suelos contienen mercurio en cantidades que sobrepasan en 100 000 % lo tolerado por las normas ambientales.
Sin cifras oficiales ni atención real
Una de las principales alertas que dejó la conferencia fue la inexistencia de un registro nacional actualizado de personas afectadas. Anthony Oscátegui, de la Plataforma, explicó que el Ministerio de Salud no ha consolidado ni publicado esa información, pese a las constantes reuniones de la Comisión de Seguimiento al PEM.
“No sabemos cuántos somos. No sabemos quiénes están contaminados ni con qué niveles. El Estado tiene los datos, pero los guarda bajo siete llaves. Mientras tanto, en lugares como La Oroya, Pasco o Espinar, la gente se muere en silencio”, declaró.
Lima también está afectada
La Plataforma señaló que no se trata solo de regiones remotas. Zonas como San Mateo, Ventanilla y Callao también registran altos niveles de exposición a metales. “Muchos piensan que por vivir en Lima están a salvo, pero también aquí se bebe agua contaminada”, advirtió Oscátegui.
Pedidos concretos
Durante el evento, los voceros demandaron la ejecución inmediata del Plan Multisectorial, la asignación de presupuesto para remediación ambiental y monitoreo de salud a la población afectada. Además, exigieron que el MINEM no se autoricen nuevos proyectos extractivos sin estudios de impacto ambiental ni procesos de consulta previa, y que se fiscalicen los gastos ya asignados a los gobiernos regionales.
“La vida de quienes habitamos en zonas de sacrificio también vale. No queremos más discursos ni promesas, queremos acciones concretas”, concluyó el presidente de la Plataforma.
Datos clave
- 6 niños fallecidos recientemente: 1 en Pasco y 5 en Condorcanqui (Amazonas).
- Más de 10 millones de personas expuestas, según datos oficiales del Minsa (31,5 % de la población).
- 80 % de la población de Moquegua expuesta a metales pesados, según estudios regionales.
- 100 000 % por encima del límite permitido de mercurio en suelos, en algunas zonas.
- S/ 2 por persona es lo que se asigna para la atención de afectados por contaminación.