Golpe al crimen y apuesta por la paz social
En un hecho simbólico y contundente, el Gobierno anunció la destrucción de 8,291 armas de fuego incautadas en operativos policiales a nivel nacional.
El acto, liderado por el presidente José Jerí Oré y el ministro del Interior Vicente Tiburcio Orbezo, busca reducir la violencia armada y transformar los restos del armamento en juegos para niños.
La actividad se realizó en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el distrito limeño de Ate, donde se empleó tecnología de corte hidráulico para garantizar la inhabilitación total e irreversible del material bélico.
Según las autoridades, esta acción representa un nuevo golpe al crimen organizado y una clara señal del compromiso del Estado por convertir la violencia en bienestar social.
Destrucción con tecnología y estándares internacionales
El proceso de eliminación fue supervisado por personal de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la organización británica Mines Advisory Group (MAG).
La técnica de corte hidráulico, de origen estadounidense, garantiza que las armas sean destruidas de manera segura, moderna y respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con los estándares internacionales de desarme establecidos por las Naciones Unidas.
“Cada arma que se destruye es una vida que se puede salvar. Convertir estos restos en espacios para niños simboliza la transformación que el país necesita”, señaló el presidente José Jerí durante la supervisión del proceso.
De la violencia a la esperanza: el destino de los restos metálicos
Los restos de las armas destruidas serán trasladados a la planta de Siderperú en Chimbote (Áncash), donde se procederá a su fundición y reciclaje.
El metal resultante servirá para fabricar juegos infantiles, mini gimnasios y estructuras recreativas que serán instaladas en zonas vulnerables del país.
De esta manera, el Gobierno busca dar un nuevo propósito al material que antes representaba violencia y muerte, convirtiéndolo en herramientas de integración social y espacios seguros para la niñez.
La iniciativa fue destacada por la directora país de MAG International, Julieta Arnau, quien sostuvo que este tipo de programas “no solo contribuyen al desarme civil, sino que promueven la reconstrucción simbólica de comunidades afectadas por la violencia”.
Armas incautadas en todo el país
El material destruido fue decomisado en múltiples regiones durante los últimos meses, como resultado de los operativos conjuntos de la PNP y Sucamec.
De acuerdo con el reporte oficial, las intervenciones se concentraron principalmente en Lima (5,773 armas), seguida de La Libertad (554), Áncash (261), Piura (277), Cajamarca (118), Lambayeque (184), Arequipa (144), Loreto (196), Junín (258), Cusco (203), Ica (181), Puno (72), Tacna (65) y Ucayali (5).
Entre el armamento incautado se encontraban revólveres, pistolas, escopetas y carabinas, la mayoría vinculadas a delitos como robos, extorsiones y homicidios.
La destrucción de este material marca la culminación de un proceso de control y fiscalización nacional, orientado a retirar de circulación las armas ilegales que representan una amenaza para la seguridad ciudadana.
Coordinación interinstitucional y compromiso social
En la ceremonia también participaron el superintendente de la Sucamec, Rafael Ríos, el jefe de la Diroes, general PNP Francisco Vargas, y representantes del sector Interior, quienes destacaron la coordinación con organizaciones internacionales especializadas en control de armamento.
El ministro Vicente Tiburcio reafirmó el compromiso del Gobierno con la prevención de la violencia armada, resaltando que estas acciones “demuestran que el Estado no solo incauta, sino que también destruye el poder de fuego del crimen”.
Por su parte, el presidente José Jerí adelantó que se intensificará la fiscalización de armas y municiones en todo el país, especialmente en las regiones con mayor incidencia delictiva.