Más de 400 expertos, científicos y profesionales del sector pesquero firmaron un pronunciamiento público en el que rechazan la idea de que la pesca industrial constituya una amenaza inherente para las áreas naturales protegidas del Perú. En el documento, aseguran que es “completamente falso” que el valor de estas áreas se vea socavado por la actividad pesquera, y argumentan que esta puede “coexistir en armonía” con los objetivos de conservación, siempre que se respeten los marcos legales vigentes.
“El equilibrio entre conservación y desarrollo sostenible es no solo posible, sino necesario. La Ley de Áreas Naturales Protegidas ya establece los criterios para asegurar ese balance”, señala el pronunciamiento. Según los firmantes, lo que se requiere es una gestión eficiente y basada en evidencia científica, en lugar de prohibiciones generalizadas que, consideran, pueden tener motivaciones más ideológicas que técnicas.
El pronunciamiento responde directamente a la reciente solicitud de la ONG Oceana, que pidió al Ministerio del Ambiente (MINAM) prohibir la pesca industrial dentro de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca. Oceana sostiene que permitir actividades extractivas de gran escala en áreas protegidas contradice los principios de conservación, especialmente en un ecosistema submarino aún poco explorado pero de altísima biodiversidad.
Entre los firmantes del pronunciamiento destacan varias figuras con trayectoria en el sector público y académico, como Elena Conterno, ex ministra de la Producción y expresidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería; Alfredo García Mesinas y Juan Alberto Arrús Rokovich, ambos ex viceministros de Pesquería; Héctor Soldi, ex viceministro de la Producción y expresidente del Instituto del Mar del Perú (IMARPE); y el doctor en Oceanografía Luis Icochea, reconocido investigador en temas marinos.
El debate sobre la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, creada en 2021, se ha intensificado en los últimos meses. Aunque la norma que la estableció permite ciertas actividades económicas, bajo estrictas condiciones, grupos ambientalistas sostienen que la pesca industrial no debería tener cabida dentro de sus límites. El sector pesquero, por su parte, insiste en que ya opera con estándares de sostenibilidad y que una prohibición absoluta afectaría empleos, recaudación y cadenas productivas sin justificación técnica clara.
El Ministerio del Ambiente aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la solicitud de Oceana, pero el tema promete escalar tanto a nivel técnico como político. En juego está no solo la integridad de una de las reservas marinas más emblemáticas del país, sino también la definición práctica de qué se entiende por desarrollo sostenible en el mar peruano.
