El mapa de la criminalidad organizada en el centro de Lima y Lince ha dado un giro violento. Tras años de hegemonía de organizaciones extranjeras como el Tren de Aragua, hoy son bandas peruanas las que protagonizan una cruenta disputa por el control de las plazas de prostitución. El conflicto, que ha escalado con el uso de granadas de guerra y sicariato, busca someter a las trabajadoras sexuales bajo nuevas y estrictas cuotas extorsivas.
Zonas emblemáticas como el entorno del centro comercial Risso y el jirón Zepita son ahora el epicentro de esta “limpieza” criminal. Según reportes de Buenos Días Perú, los delincuentes locales han emitido ultimátums mediante audios intimidantes: “Este es el mundo del hampa peruano. La que no se pone al día con nosotros, se muere”. Esta advertencia se materializó recientemente con el ataque a una joven que recibió un disparo en el tórax tras negarse a pagar la cuota exigida, quedando gravemente herida.
Tácticas de guerra y control territorial
La violencia no se limita a amenazas verbales. En los últimos días, se registró una balacera en el cruce de Pardo de Cela con el pasaje San Roberto, en Lince, donde sicarios en motocicleta dispararon ocho veces contra un vehículo vinculado a las víctimas. Minutos después, la detonación de una granada de guerra en plena avenida Arequipa sembró el pánico entre los transeúntes, evidenciando el poder de fuego de estas mafias.
La organización ha impuesto directrices geográficas precisas para facilitar su vigilancia. Las trabajadoras han sido notificadas de que solo pueden operar en tramos específicos de la avenida Alfonso Ugarte, prohibiéndoles el ingreso a pasajes transversales. “Están observadas veinticuatro siete”, señalan los mensajes extorsivos, detallando que cuentan con informantes fijos y móviles (“en ruedas”) para asegurar que cada mujer cumpla con el pago del cupo.
Calles desiertas por el temor
El impacto de esta ofensiva criminal ha vaciado arterias que antes lucían abarrotadas. El jirón Zepita y calles aledañas presentan hoy una presencia mínima de personas ante el temor de quedar atrapadas en un fuego cruzado o ser blanco de represalias. Muchas mujeres han optado por el confinamiento o permanecen hospitalizadas tras los recientes atentados.
Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha identificado que esta dinámica obliga a las víctimas a extender sus jornadas laborales para cubrir los montos exigidos por los extorsionadores. Pese a que las autoridades están al tanto de esta disputa interna entre bandas nacionales, el miedo a las represalias letales impide que las trabajadoras sexuales formalicen las denuncias, manteniendo la hegemonía del terror en las calles de la capital.