El Ministerio Público de Loreto inició una investigación preliminar contra Flor Carrasco, directora de la Unidad de Protección Especial (UPE) de esta región, luego de que se denunciara que habría cometido tocamientos indebidos contra una adolescente de 15 años bajo su resguardo. El caso ha generado conmoción, ya que involucra a una funcionaria encargada de velar por la integridad de menores en situación de vulnerabilidad.
Según la denuncia presentada el 8 de septiembre por la madre de la víctima, la menor habría sido abusada en el mismo espacio en el que esperaba recibir atención psicológica y apoyo especializado. En lugar de encontrar protección, la adolescente denunció haber sufrido actos de connotación sexual que, de confirmarse, constituirían una grave violación de los deberes de protección.
Acciones de la Fiscalía en Loreto
La investigación está a cargo de la fiscal provincial Ingrid Carola Chumbe Rodríguez, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Loreto. Entre las primeras diligencias, se dispuso tomar la declaración de la agraviada en Cámara Gesell, un mecanismo que permite obtener el testimonio de menores en un entorno seguro y sin revictimización.
Asimismo, se recabarán declaraciones de testigos presenciales, se revisará el contenido de un USB presentado por la familia denunciante, y se programará la declaración de la propia directora investigada, siguiendo las formalidades que exige el sistema procesal penal. La adolescente y una testigo ya fueron incorporadas al Programa de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, lo que les permitirá contar con acompañamiento psicológico, social y legal durante todo el proceso.
¿Qué se investiga exactamente?
La funcionaria está siendo indagada por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, tipificado en el Código Penal peruano. De comprobarse su responsabilidad, podría afrontar una condena severa, ya que la legislación contempla sanciones más duras cuando la víctima es menor de edad y cuando el hecho es cometido por alguien en posición de autoridad o confianza.
La investigación busca determinar si los hechos relatados por la adolescente ocurrieron dentro de las instalaciones de la Unidad de Protección Especial de Loreto, lo que agravaría aún más la situación, dado que este espacio fue creado justamente para salvaguardar a menores en riesgo.
Crisis de confianza en instituciones de protección
Este caso no solo implica la responsabilidad penal de una funcionaria, sino que también abre un debate sobre la idoneidad de los mecanismos de protección del Estado. La UPE es una instancia clave en la atención a niños y adolescentes en situación de abandono, violencia o riesgo. Que su máxima responsable esté bajo investigación por un presunto abuso genera un impacto directo en la credibilidad institucional.
Diversos especialistas en derechos de la niñez han señalado que este tipo de denuncias deben investigarse con la máxima celeridad y transparencia, a fin de evitar impunidad y garantizar que las víctimas reciban protección real.
Pregunta clave: ¿cómo garantizar que las instituciones de protección no se conviertan en espacios de riesgo?
El caso de Loreto plantea un dilema central: ¿qué controles y supervisión se aplican en entidades como la Unidad de Protección Especial, que atienden a los menores más vulnerables del país? La respuesta pasa por fortalecer la capacitación, vigilancia y protocolos internos, así como por implementar canales independientes de denuncia que permitan identificar irregularidades antes de que escalen.
El Ministerio Público ya ha anunciado que continuará con todas las diligencias necesarias para determinar responsabilidades, pero la ciudadanía y las organizaciones de defensa de los derechos de la infancia demandan mayor vigilancia estatal y sanciones ejemplares si se confirma la denuncia.
La investigación contra Flor Carrasco, directora de la UPE de Loreto, es un caso que pone en tela de juicio la confianza en el sistema de protección infantil en el Perú. Mientras se recogen pruebas y testimonios, la prioridad será garantizar la seguridad de la adolescente agraviada y evitar cualquier intento de obstrucción.
Este proceso se convierte en una oportunidad para que las instituciones revisen sus protocolos y demuestren que pueden proteger a los menores de edad de manera real y efectiva. De lo contrario, la desconfianza ciudadana hacia los organismos de protección seguirá profundizándose.