El avance de la minería formal, informal e ilegal ha colocado a amplios sectores de los territorios comunales del país bajo control externo. Esta situación es especialmente crítica en la provincia de Espinar (Cusco), donde casi el 90% de las tierras comunales no está georreferenciada, reflejando una profunda desigualdad en la seguridad jurídica territorial. Para las comunidades, esto implica vulnerabilidad ante concesiones, superposiciones y pérdida de capacidad para defender sus derechos sobre la tierra.
Este panorama fue expuesto en el diálogo “Datos geoespaciales para la defensa territorial: evidencias sobre los impactos en territorios indígenas”, organizado en Lima por el Instituto del Bien Común (IBC) y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, con apoyo de la International Land Coalition.
Comunidades indígenas demandan acceso a información geoespacial actualizada
El investigador Alejandro Diez (Cisepa – PUCP) explicó que el análisis presentado proviene de foros realizados en Cusco, Puno y Pucallpa. Señaló que es clave diferenciar entre tierra (propiedad), territorio (derechos y normas) y paisaje (la vida que se desarrolla en vínculo con la naturaleza).
Entre los principales problemas identificados mencionó:
- Inseguridad jurídica por registros confusos o desactualizados.
- Fragmentación interna en las comunidades.
- Presión creciente de actividades extractivas.
La ausencia de georreferenciación —advirtió— incrementa el riesgo de invasiones o apropiación de tierras por terceros, además de limitar las acciones de defensa ambiental. La fragmentación interna, añadió, dificulta la organización y la respuesta colectiva frente a la minería.
Pedro Tipula y Miluska Carhuavilca, especialistas del IBC, presentaron el estudio elaborado para la plataforma Landmark. Tipula explicó que aunque instituciones como INEI, MIDAGRI o SUNARP poseen gran cantidad de información, la falta de interoperabilidad y actualización impide un uso efectivo. Consideró que las plataformas geoespaciales abiertas y colaborativas pueden impactar positivamente, siempre que existan capacitación y acceso tecnológico para las comunidades. Carhuavilca recalcó que la visibilidad territorial es clave para exigir políticas públicas y procesos de consulta previa legítimos.
Concesiones mineras avanzan sobre territorios sin protección
Luis Hallazi, coordinador de la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, presentó datos sobre el uso de información geoespacial en áreas indígenas. Recordó que los pueblos indígenas albergan reservas clave de carbono y cumplen un rol fundamental en la protección climática.
Indicó que:
- El 33,7% del territorio nacional está gestionado por comunidades con títulos.
- El 16,5% del territorio ya está concesionado para minería.
- El 35% de esas concesiones se superpone con tierras comunales.
- El corredor minero del sur afecta a 37 comunidades campesinas.
- El corredor minero de Madre de Dios impacta a 10 comunidades nativas.
En Espinar, el 47% del territorio provincial está concesionado y solo el 10% de las comunidades ha georreferenciado sus tierras. En Madre de Dios, el 22% del territorio está bajo concesión minera, mientras la deforestación —principalmente por minería ilegal— ya ha devastado casi 136.000 hectáreas para 2025.
Hallazi advirtió que la expansión minera provoca divisiones internas, venta de tierras y debilitamiento organizativo, mientras el Estado pierde capacidad de control.
“El Estado nos sigue abandonando”: comunidades denuncian crisis territorial
Ronald Boram, presidente de la comunidad nativa San José de Karene (Madre de Dios), alertó que el 60% del territorio comunal está afectado por la minería, con consecuencias directas en la salud y la vida de sus habitantes. Señaló que el Estado continúa entregando concesiones sin considerar la situación real en el territorio, generando conflictos socioambientales que fragmentan a las comunidades. También denunció la criminalización de defensores y la falta de políticas que fortalezcan la autonomía comunal.
En Espinar, la secretaria general de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE), Leonarda Zinanyuca, señaló que la minería ha intensificado disputas de límites, contribuido a la desaparición de comunidades y profundizado la pobreza. Además, líderes comunales enfrentan procesos judiciales por defender su territorio, mientras persisten carencias básicas en servicios públicos.
Salvador Merma, secretario general de la Federación Departamental de Comunidades Campesinas (FDCC), coincidió al denunciar concesiones otorgadas sin consulta previa, aumento de la violencia y presión ambiental. Criticó la inacción del Estado y el escaso apoyo de las ONG en comunidades andinas.
Una crisis que atraviesa 21 departamentos del país
La situación de Espinar y de la cuenca del Colorado en Madre de Dios refleja lo que ocurre en 21 departamentos del Perú, donde el avance minero supera la mera ocupación territorial y plantea un desafío urgente de seguridad jurídica, protección ambiental y equidad para comunidades indígenas, campesinas y nativas.
El encuentro en Lima concluyó con una demanda común: acceso a georreferenciación completa, información pública actualizada, fortalecimiento organizativo y respeto al derecho a la consulta previa, condiciones esenciales para proteger sus territorios frente al avance minero.