Primera sentencia judicial en lengua awajún
La justicia peruana dio un paso significativo hacia el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del país. El Juzgado Penal Colegiado Subespecializado en Delitos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, con sede en Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui, emitió la primera sentencia condenatoria en lengua Awajún y en español, en el marco del recientemente inaugurado Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ).
La decisión judicial representa un hito en la aplicación de la justicia intercultural en el Perú, al garantizar que tanto la víctima como el acusado comprendan plenamente el proceso penal, las audiencias y el contenido de la sentencia, en su lengua materna.
Condena de 32 años por violación sexual
El proceso concluyó con una sentencia condenatoria de 32 años de pena privativa de libertad contra un imputado por el delito de violación sexual de un menor de 14 años, uno de los crímenes más graves tipificados en el Código Penal peruano.
Durante todo el juicio oral y la lectura del fallo, el colegiado contó con el apoyo de traductores oficiales de la lengua awajún, dado que tanto la víctima como el procesado se comunican principalmente en dicho idioma. Asimismo, la sentencia escrita fue notificada a las partes procesales en ambos idiomas, reforzando el principio de acceso a la justicia sin discriminación lingüística.
El tribunal estuvo conformado por los magistrados José Espichán Gadea, quien actuó como director de debates, Róger Mendoza Herrera y Segundo Rojas Ramos.
El rol del Sistema Nacional Especializado de Justicia
Esta sentencia se da en el contexto de la reciente puesta en marcha del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ), inaugurado la semana pasada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.
El SNEJ busca fortalecer la respuesta del Estado frente a los casos de violencia de género y violencia familiar, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas, donde históricamente han existido barreras de acceso a la justicia, tanto por razones geográficas como culturales y lingüísticas.
Delitos sexuales y competencia del Poder Judicial
Durante la inauguración del sistema especializado, la titular del Poder Judicial recordó que, a lo largo de su primer año de gestión, se sostuvieron múltiples reuniones con los apus y autoridades de las comunidades nativas de la Amazonía para definir claramente las competencias en casos de violencia sexual.
“Ha quedado claro que el tema de la violencia sexual va a ser conocido, como siempre ha sido, por los jueces y juezas del Poder Judicial”, enfatizó Tello Gilardi, al señalar que estos delitos no pueden ser abordados por la justicia comunal debido a su gravedad y al compromiso del Estado peruano con la protección de los derechos fundamentales.
Como resultado de este diálogo intercultural, se elaboró un protocolo de actuación que orienta a magistrados y autoridades comunales cuando se presentan denuncias por delitos sexuales en comunidades indígenas.
Capacitación y presencia judicial en la Amazonía
La magistrada recordó que Condorcanqui ha sido escenario, en años anteriores, de graves casos de violencia sexual, lo que motivó la instalación de módulos especializados del SNEJ y la capacitación continua de jueces y juezas encargados de estos procesos.
“Este es un gran avance, porque el problema de la violencia y el abuso sexual no solo ocurre en Condorcanqui, sino lamentablemente se presenta en todo el país”, advirtió la presidenta del Poder Judicial, subrayando la necesidad de una respuesta judicial firme y especializada.
Rechazo a prácticas de reparación informal
Uno de los aspectos más contundentes del pronunciamiento de Tello Gilardi fue su llamado a erradicar prácticas que, en algunos contextos, han buscado resolver delitos sexuales mediante compensaciones económicas o materiales, como la entrega de terrenos, ganado o sumas de dinero.
“Esto nunca va a reparar la afectación de los derechos humanos y fundamentales de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, afirmó, remarcando que estos actos perpetúan la impunidad y normalizan la violencia sexual.
En ese sentido, instó a continuar el diálogo con los apus y líderes comunales para reforzar el mensaje de que los delitos sexuales deben ser sancionados de manera ejemplar por el sistema de justicia ordinario.
Un precedente para la justicia intercultural
La primera sentencia en lengua awajún marca un precedente relevante para el sistema judicial peruano, al evidenciar que es posible aplicar la ley penal con enfoque intercultural, sin vulnerar derechos y garantizando el debido proceso.
El fallo no solo tiene un valor jurídico, sino también simbólico y social, al enviar un mensaje claro sobre la protección de niñas, niños y adolescentes en comunidades indígenas y el compromiso del Estado con una justicia accesible, comprensible y efectiva.
Para el Poder Judicial, este caso refuerza la necesidad de consolidar políticas públicas que integren el respeto a las lenguas originarias con la sanción firme de los delitos más graves, especialmente aquellos que afectan a poblaciones históricamente vulnerables.