El fiscal José Domingo Pérez se pronunció tras la oficialización del cierre del Equipo Especial Lava Jato y otros tres grupos de élite del Ministerio Público. En una reciente entrevista, el magistrado advirtió que la desactivación de estas unidades especializadas generará una afectación directa en las investigaciones y juzgamientos en curso, los cuales involucran a altos mandos políticos y expresidentes.
Pérez Gómez cuestionó que el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, haya sustentado la disolución en críticas públicas hacia el desempeño del equipo, argumentos que —según precisó— no aparecen reflejados en la resolución oficial. “No quiero descender a ese nivel de entrar en dimes y diretes con quien representa a la institución. El caso Lava Jato ha logrado resultados históricos: expresidentes condenados y juzgamientos en curso”, sentenció el fiscal.
Reasignación y falta de exclusividad
La resolución emitida por la Fiscalía de la Nación dispone que los fiscales que integraban el grupo Lava Jato sean redistribuidos a las Fiscalías Supraprovinciales Corporativas Especializadas en Delitos de Lavado de Activos. En el caso específico de Pérez, su reasignación se ha dado de forma genérica, sin precisar el despacho ni los expedientes que mantendrá bajo su responsabilidad, lo que pone fin a su régimen de dedicación exclusiva.
Por su parte, el fiscal superior Rafael Vela Barba también fue removido de la coordinación del equipo. Aunque ambos permanecen dentro del subsistema de Lavado de Activos, la pérdida de la estructura articulada del equipo especial genera incertidumbre sobre la continuidad de la estrategia legal en casos emblemáticos que ya se encuentran en el Poder Judicial.
Escenario de incertidumbre institucional
José Domingo Pérez consideró que esta medida es solo una “primera etapa” de una serie de ataques contra su labor y la de Rafael Vela. Cabe recordar que Pérez aún enfrenta procesos en la Autoridad Nacional de Control por brindar declaraciones públicas; no obstante, se mostró optimista sobre su retorno a la plaza de fiscal provincial que ocupaba anteriormente.
La decisión de Tomás Gálvez ha generado controversia en el ámbito jurídico, dado que la fiscalía de Lavado de Activos ahora estará bajo el mando de Germán Juárez Atoche, exmiembro del equipo disuelto. La falta de plazos y lineamientos claros en la reasignación de los expedientes abre una interrogante sobre el futuro de las pruebas y testimonios clave obtenidos mediante acuerdos de colaboración eficaz en los últimos años.