El cronograma para las Elecciones Generales 2026 entra en una fase decisiva. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para este jueves 8 de enero, a las 16:00 horas, su primera audiencia pública virtual destinada a resolver los recursos de apelación presentados por diversas organizaciones políticas. En esta sesión, el Supremo Tribunal Electoral analizará 16 expedientes referidos a la inscripción de candidatos que fueron observados en primera instancia.
Los casos que se verán en esta jornada provienen de los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima Centro 1, Lima Oeste 3, Huaura, Huánuco, Ica, Pasco, Coronel Portillo, Trujillo y Huancavelica. Durante la audiencia, los magistrados escucharán los alegatos de los abogados de las partes procesales antes de pasar a una sesión reservada para emitir los fallos definitivos, los cuales se dictarán con estricto apego a la normativa electoral vigente.
Plazos y transparencia en el proceso
La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo Chipoco, precisó que hasta el momento la institución ha recibido más de 30 recursos de apelación. Estos incluyen impugnaciones contra fórmulas presidenciales, listas de senadores y diputados, así como candidatos al Parlamento Andino. La funcionaria subrayó la urgencia de estas sesiones, dado que el 14 de marzo es la fecha límite improrrogable para que todas las candidaturas queden debidamente inscritas.
“A partir de esta primera audiencia, se irán programando los expedientes de manera secuencial y en fechas consecutivas para cumplir con el cronograma electoral”, señaló Clavijo. Con el fin de garantizar la transparencia del proceso, el organismo confirmó que todas las audiencias serán transmitidas en directo a través de su canal institucional JNETV y sus plataformas oficiales de redes sociales.
Rumbo a las urnas
Esta etapa es crítica para los partidos políticos, ya que representa la última instancia legal para revertir tachas o exclusiones que pondrían fuera de carrera a sus principales figuras. El JNE ha garantizado que se atenderán todos los recursos que ingresen al Pleno, asegurando el derecho a la defensa y el debido proceso en el marco de una de las contiendas electorales más complejas de los últimos años.