Investigan compra de patrulleros en el gobierno regional de La Libertad

El Consejo Regional de La Libertad creará una comisión especial para investigar una posible sobrevaloración en la compra de 100 patrulleros durante la gestión de César Acuña, tras una denuncia presentada por el consejero Frank Solórzano.

por Edgar Mandujano

El consejero Frank Solórzano, representante de la provincia de Pataz y denunciante del caso desde diciembre pasado, explicó que la compra podría haber involucrado un monto elevado de S/ 895 mil 590, debido a una presunta sobrevaloración. Solórzano detalló que recientemente se reunió con asesores legales para definir los pasos a seguir, y en su informe indicó que, además de la creación de la comisión investigadora, ya se ha enviado el caso a la Contraloría General de la República, y que el consejero Robert de la Cruz está preparando una denuncia penal sobre el asunto.

“Como la denuncia la hice a fines de diciembre, me recomendaron que solicite la creación de la comisión especial investigadora en este periodo (2025). Aparte de eso, ya se pasó el caso a Contraloría y se está alistando la denuncia penal, que la hará el consejero Robert de la Cruz. Va a ir por esos tres frentes el caso de los patrulleros”, indicó Solórzano.

No obstante, el consejero expresó su preocupación por la posibilidad de que los miembros oficialistas del consejo, que actualmente tienen la mayoría, intenten bloquear la creación de la comisión investigadora. “Sí, estoy preocupado porque ahorita ellos son mayoría y pueden bloquearlo”, manifestó, reflejando la tensión política que envuelve el tema.

La formación de esta comisión especial será clave para esclarecer las posibles irregularidades en la compra de los patrulleros, que generó controversia en la gestión de César Acuña. La investigación es fundamental para garantizar la transparencia y un adecuado uso de los recursos públicos en la región, y se espera que avance con la colaboración de todas las partes involucradas.

Este proceso también resalta la importancia de una fiscalización efectiva en el manejo de fondos públicos, especialmente en compras de gran envergadura como la adquisición de vehículos para la seguridad ciudadana.

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