¿Qué ocurrió en el penal de Cajamarca?
El pasado 30 de agosto, el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca fue escenario de un motín protagonizado por internos del pabellón 5, quienes tomaron como rehenes a dos agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La situación puso en peligro la vida del personal y dejó en evidencia el nivel de organización y violencia al interior del penal.
Ante esta grave situación, el INPE ejecutó el traslado excepcional de 15 internos involucrados en el hecho, los cuales fueron conducidos al penal de Challapalca, en la región de Tacna, considerado uno de los centros penitenciarios de mayor régimen restrictivo y aislamiento del país.
¿Cómo se realizó el traslado?
El operativo fue coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y contó con el despliegue de 120 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, procedentes de las regiones de Lima y Norte Chiclayo. La acción se ejecutó en simultáneo con una requisa en los pabellones 1, 4, 5 y 7 del penal de Cajamarca.
“Entre los trasladados se encuentran presuntos cabecillas e integrantes de organizaciones criminales vinculados a delitos de extorsión, secuestro, sicariato y feminicidio agravado”, informó el INPE a través de su cuenta oficial en ‘X’ (antes Twitter).
¿Quiénes son los reclusos trasladados?
Los internos trasladados son considerados de alta peligrosidad. La medida está amparada en la Resolución Directoral N.º 014-2025-INPE/DISEPE, que indica que su permanencia en Cajamarca representaba un “latente, inminente y grave riesgo de seguridad” no solo para el personal penitenciario, sino también para otros reclusos, las instalaciones y el orden del centro.
Entre ellos figuran presuntos líderes de bandas criminales que operaban desde el interior del penal, coordinando extorsiones y delitos graves en diferentes regiones del país.
“Esta acción busca recuperar el control institucional y evitar que el penal se convierta en una base operativa para redes delictivas”, afirmó Alex Samamé Peña, director de Seguridad Penitenciaria del INPE.
¿Qué documentos respaldaron la medida?
El INPE detalló que el traslado se realizó cumpliendo con la normativa penitenciaria vigente, incorporando:
- Legajos personales de los internos.
- Informes sociales y psicológicos.
- Historiales clínicos.
- Notificación individual previa a cada interno.
- Traslado de artículos personales esenciales.
Esto garantiza que el procedimiento no solo fue excepcional, sino también legal y documentado, respetando el debido proceso administrativo carcelario.
¿Por qué Challapalca?
El penal de Challapalca, ubicado a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar en una zona remota entre Tacna y Puno, ha sido históricamente destinado a internos considerados peligrosos o involucrados en disturbios internos.
Su aislamiento geográfico, condiciones climáticas extremas y nivel de control reducen la posibilidad de comunicación con el exterior, así como la organización de actos delictivos.
Si bien ha sido criticado por organismos de derechos humanos en el pasado, las autoridades penitenciarias insisten en que este centro “garantiza mayor seguridad ante reos violentos”.
¿Cuál fue la reacción del INPE y del MINJUSDH?
La intervención fue dispuesta directamente por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y ejecutada por el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco. Ambos remarcaron que esta acción busca prevenir nuevos motines, restaurar el orden penitenciario y proteger tanto al personal como al resto de la población penal.
Además, la Dirección de Seguridad Penitenciaria viene evaluando nuevos traslados y medidas preventivas para otros establecimientos penitenciarios donde se reportan actividades ilícitas similares.
¿Qué implicancias tiene esta acción para la política carcelaria?
El motín de Cajamarca pone nuevamente en debate la capacidad del sistema penitenciario para controlar a reclusos de alta peligrosidad. Con una población carcelaria que supera los 90 mil internos, la sobrepoblación, la corrupción y la falta de tecnología continúan siendo desafíos críticos.
“No se trata solo de trasladar reos, sino de implementar una verdadera política de inteligencia penitenciaria”, señala un exjefe del INPE, citado por medios locales.
Además, expertos en seguridad indican que esta clase de operativos debe venir acompañada de reformas estructurales y más inversión en infraestructura, personal capacitado y tecnología de control.
