El operativo en Huaraz
La alerta se activó en el penal de Huaraz, cuando agentes penitenciarios detectaron un movimiento inusual en las inmediaciones del recinto. Desde el exterior, desconocidos intentaron introducir dos paquetes de pasta básica de cocaína mediante la modalidad de lanzamiento, una práctica que en los últimos años se ha convertido en un recurso frecuente de las mafias vinculadas al tráfico de drogas en cárceles peruanas.
La rápida reacción del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) permitió interceptar la droga antes de que llegara a manos de internos. Este hecho evitó que se concretara un intento de vulneración de la seguridad, en un contexto en el que las prisiones del país enfrentan constantes intentos de ingreso de sustancias ilícitas, celulares y objetos prohibidos.
Reacciones oficiales
El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, felicitó la labor de los agentes penitenciarios e hizo hincapié en que la institución mantiene una política firme contra el tráfico de drogas dentro de los penales. “El compromiso de nuestro personal en la primera línea es clave para garantizar el orden y la seguridad”, subrayó.
Por su parte, el director del penal de Huaraz, Grover Cuno Monsalve, señaló que se han redoblado los esfuerzos de control y vigilancia para detectar este tipo de intentos. Agregó que el penal trabaja de manera articulada con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades de seguridad, conscientes de que la criminalidad organizada busca constantemente nuevas formas de vulnerar la seguridad penitenciaria.
La PNP asumió el caso y abrió las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de lanzar los paquetes hacia el penal. Las pesquisas buscan determinar si se trata de bandas locales vinculadas al microtráfico o si existe conexión con redes criminales de mayor escala.
Un problema recurrente en las cárceles
El incidente en Huaraz no es un hecho aislado. Según cifras del propio INPE, cada año se decomisan cientos de intentos de ingreso de droga, celulares, armas blancas y objetos prohibidos en las cárceles del país. La modalidad de lanzamiento desde los exteriores es una de las más frecuentes, junto con el camuflaje de drogas en alimentos o pertenencias durante las visitas.
El desafío es doble: por un lado, garantizar que los internos no accedan a sustancias ilegales, y por otro, proteger a la sociedad, ya que muchas de las extorsiones y coordinaciones del crimen organizado parten desde los mismos penales.
¿Hasta qué punto las medidas de control actuales son suficientes para frenar el ingreso de drogas a los establecimientos penitenciarios? La respuesta exige no solo más tecnología de vigilancia, sino también mayor coordinación entre instituciones de seguridad y justicia.
¿Podrán las cárceles peruanas contener el avance de mafias que buscan mantener el control desde dentro?
Los recientes operativos muestran avances, pero también reflejan que el crimen organizado no da tregua y adapta constantemente sus métodos.
El compromiso del INPE
El comunicado del INPE tras el operativo enfatiza que la institución mantiene su compromiso con la seguridad y el orden en los penales. También recalca la importancia de la capacitación continua de los agentes penitenciarios y la implementación de tecnología de vigilancia como cámaras de alta resolución, escáneres y sistemas de detección.
El reto, sin embargo, no recae solo en el control interno, sino en la necesidad de políticas integrales que combinen prevención, inteligencia y sanción efectiva. Expertos en seguridad coinciden en que los penales deben dejar de ser focos de operación de las mafias y, en cambio, convertirse en espacios de verdadera rehabilitación.
El operativo en el penal de Huaraz evidencia tanto la capacidad de reacción del INPE como la persistencia del narcotráfico en su intento de penetrar los establecimientos penitenciarios. La intervención oportuna de los agentes evitó que dos paquetes de droga alimentaran las redes criminales al interior del penal, pero también deja claro que el problema sigue vigente y requiere atención sostenida.
La lucha contra el tráfico de drogas en las cárceles no solo es un desafío de seguridad penitenciaria, sino también una tarea que involucra al sistema de justicia, la PNP y el Estado en su conjunto.