Este martes 20 de enero comenzó en Lima el juicio oral por el asesinato de Quinto Inuma Alvarado, líder indígena kichwa y defensor ambiental, asesinado el 29 de noviembre de 2023 en la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín.
El proceso, que se extenderá durante tres días en el Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, evaluará la responsabilidad de Segundo Juan Villalobos Guevara y otros cuatro imputados, cuatro de los cuales se encuentran en prisión preventiva.
Defensor ambiental víctima de amenazas
Quinto Inuma, apu de su comunidad, se destacó por denunciar la tala ilegal, tráfico de tierras y actividades ilícitas en la Amazonía. A pesar de contar con medidas de protección del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, nunca se tradujeron en acciones efectivas, lo que lo convirtió en blanco de amenazas constantes.
El 29 de noviembre de 2023, tras participar en un encuentro de defensores ambientales en Pucallpa, regresaba con su familia por el río Yanayacu cuando hombres encapuchados emboscaron la embarcación y le dispararon a quemarropa. En el ataque resultó herida Axeldina Barbarán, también miembro de la comunidad.
Acusados y penas solicitadas
Originalmente, seis personas eran investigadas por el crimen. Uno de ellos, Belustiano Saboya Pisco, murió durante una intervención policial en julio de 2025. Los cinco acusados que enfrentan juicio hoy son procesados por sicariato, homicidio calificado en grado de tentativa y encubrimiento personal.
La Fiscalía Especializada en delitos contra comunidades indígenas sostiene que se trató de un asesinato por encargo y solicita cadena perpetua para los implicados, además de reparaciones civiles por un total de 1 500 000 soles para los familiares de Inuma y Barbarán. Durante las audiencias se escucharán 22 testigos y ocho peritos, además de evaluar la evidencia recopilada por el Equipo Multidisciplinario Especializado del Ministerio Público.
El juicio es considerado un caso histórico por familiares, comunidades indígenas y activistas ambientales, ya que permitirá confrontar la violencia que enfrentan los defensores de derechos territoriales y ambientales en regiones amazónicas donde actividades ilegales, como la tala y el narcotráfico, ponen en riesgo vidas y territorios.