Un reciente informe revela un preocupante cambio en el panorama de la trata de personas en Perú. El «IX Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil 2022-2023: Trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otros delitos contra la dignidad en el Perú», elaborado por Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), arroja luz sobre esta compleja situación. El documento analiza en profundidad cómo evolucionaron las modalidades de captación, traslado y explotación de las víctimas.
Los datos revelados por el informe, realizado con el apoyo de Usaid, son alarmantes. Se han analizado 42 servicios estatales destinados a combatir este delito. Estos están a cargo de Ministerios como Educación, Salud, Cultura, Justicia y Derechos Humanos, y otros sectores clave.
Sin asignación presupuestal
Como resultado, se detectó que, entre el 2022 y el 2023 casi el 75% de estos servicios no contaron con asignación presupuestal para perseguir o atender a las víctimas de trata. Además, el documento señala que no existe una guía clara, instrumentos o estrategias para que las instituciones públicas desarrollen acciones efectivas de prevención y sensibilización.
La ausencia de un registro único impide conocer con precisión el número de denuncias y víctimas en el país. Cada sector maneja su propio registro de casos con criterios particulares, lo que impide la interoperabilidad entre las instituciones y limita la capacidad de obtener cifras precisas sobre denuncias y víctimas. Esta situación deja a las víctimas de trata en una situación de vulnerabilidad aún mayor, sin acceso a los servicios y la protección que necesitan.
Población migrante en riesgo
El informe resalta el impacto de la migración y la criminalidad organizada, que genera un nuevo escenario en torno a la trata de personas. Este panorama se agrava con otros delitos como el tráfico ilícito de migrantes, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y el trabajo forzoso. A pesar de esta situación, los servicios del Estado no fueron suficientes para enfrentar estos problemas.
Sociedad civil demanda acción inmediata
Andrea Querol, presidenta de CHS Alternativo, señala que la actualización de instrumentos clave es fundamental para abordar la nueva realidad del delito. “La actualización de la Política Nacional debe ser el resultado de un proceso participativo donde intervengan todos los actores del Estado, incluidos los gobiernos regionales y locales, así como las organizaciones sociales y las propias víctimas. Un nuevo enfoque permitirá una respuesta más precisa en favor de las sobrevivientes”, afirmó.
Querol enfatiza la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y de garantizar la participación de la sociedad civil en la lucha contra la trata. “Es sintomático que el Estado no rinda cuentas y que la información disponible la ofrezca la sociedad civil. Es deber del Estado rendir cuentas sobre este delito y hacer un seguimiento detallado de su ejecución. La sociedad civil ha dado el primer paso, el Estado debe continuar”, añadió.