Caretas accedió al Informe N.º 010-2025-COMGEN, elaborado por la Policía Nacional del Perú (PNP), en el que se detallan los hechos ocurridos durante las manifestaciones del 15 de octubre de 2025 en Lima Metropolitana. La movilización, convocada por colectivos ciudadanos como Generación Z, dejó un saldo de 22 civiles heridos, 89 policías lesionados, 11 detenidos y 6 intervenidos.
El documento también reporta el homicidio de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, quien falleció tras recibir un disparo de arma de fuego en el tórax, fuera de las zonas de intervención policial.
La muerte de Ruiz Sanz: fuera del operativo y en disputa investigativa
El informe indica que la víctima, de 33 años, ingresó sin vida al Hospital Nacional Arzobispo Loayza alrededor de las 23:30 horas, presentando una herida penetrante por proyectil de arma de fuego (PAF), ocurrida en la cuadra 10 del Jirón Camaná.
La PNP sostiene que el disparo no provino de sus agentes, sino que habría sido ejecutado por otro manifestante, basándose en registros visuales y análisis de inteligencia. A pesar de ello, el caso ha generado controversia, ya que la Fiscalía tomó control directo de las diligencias, limitando la intervención pericial policial.
Fiscalía vs PNP: controversia legal por la conducción de la investigación
El fiscal Roger Yana Yanqui, de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lesa Humanidad y Terrorismo, se presentó en el Hospital Loayza y en la Morgue Central de Lima, y asumió directamente las diligencias del caso, restringiendo la participación de peritos de la DIRINCRI-PNP, a pesar de la legislación vigente.
La Policía cuestiona esta decisión, citando la Ley N.º 32130, vigente desde octubre de 2024, que les otorga competencia exclusiva en la investigación técnico-científica de muertes violentas. También invocan una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (julio 2025) que respalda esta interpretación, estableciendo que la etapa preliminar corresponde operativamente a la Policía, con conducción jurídica del Ministerio Público.
Violencia en las calles y uso de la fuerza
El informe detalla que, desde las 17:30 hasta las 23:15 horas, la protesta se tornó violenta en puntos críticos como la Avenida Abancay, Plaza San Martín, Paseo de los Héroes y Plaza Dos de Mayo. Algunos manifestantes habrían lanzado bombas molotov, piedras, explosivos artesanales y fuegos pirotécnicos.
En respuesta, la PNP aplicó el uso gradual de la fuerza, conforme al Decreto Legislativo 1186, para contener los disturbios y restablecer el orden. Los enfrentamientos dejaron 89 policías heridos y daños materiales considerables, incluyendo la destrucción de escudos, cascos, patrulleros y una ambulancia de la Sanidad PNP.
Inspectoría abre investigaciones disciplinarias
En paralelo a las investigaciones fiscales, la Inspectoría General de la Policía Nacional activó tres equipos de inspección y diez de investigación para evaluar posibles faltas disciplinarias en el actuar policial. Esta acción se enmarca dentro del protocolo interno de control y transparencia institucional.
Exigen transparencia e investigación imparcial
A pesar de las versiones oficiales, la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz ha encendido las alertas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que exigen una investigación imparcial e independiente, así como la publicación de los peritajes balísticos y grabaciones completas del momento del disparo.
Por su parte, diversos sectores de la ciudadanía y colectivos convocantes han reclamado que se garantice justicia, sin encubrimientos institucionales.