En apenas 244 días del año, el Perú ya superó el total de homicidios registrados en todo el 2023. De acuerdo con cifras oficiales del SINADEF, hasta la fecha se han reportado 1,513 asesinatos, de los cuales 67 fueron menores de edad, la cifra más alta de los últimos ocho años.
El caso más reciente: asesinato de un diplomático
El crimen del diplomático indonesio, asesinado frente a su vivienda, se ha convertido en el reflejo más visible de la grave situación de violencia que atraviesa el país. Solo el 3 de agosto se registraron 12 homicidios en un solo día.
La capital sigue siendo el epicentro de la violencia, con más de un tercio de los casos. Según especialistas, esto se debería a factores como: la alta densidad poblacional, presencia de mafias dedicadas a la extorsión, fuerte deterioro urbano y social, escasa presencia policial efectiva.
Desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte, ya se han registrado 5,196 homicidios. Solo en agosto se contabilizaron 209 asesinatos, lo que proyecta al 2025 como uno de los años más violentos de la última década.
Aunque Lima concentra la mayor parte de los homicidios, regiones como La Libertad, Piura, Arequipa y Callao muestran un aumento sostenido de casos, principalmente ligados a mafias extorsivas y al sicariato.
Niños y adolescentes, las víctimas más vulnerables
El asesinato de 67 menores de edad en lo que va del 2025 es un dato alarmante que refleja la vulnerabilidad de los niños y adolescentes frente al crimen organizado.
De continuar la tendencia, el país cerrará el año con más de 2,000 homicidios, superando las cifras del 2024. Analistas advierten que la violencia criminal ya no es un problema coyuntural, sino una crisis estructural alimentada por: la expansión del sicariato, el crecimiento de organizaciones criminales, la circulación de armas en el mercado negro
La situación también expone la falta de recursos de la Policía Nacional, cuyos efectivos enfrentan al crimen organizado con limitadas condiciones de protección y logística. Para analistas, se trata de un abandono institucional que agrava la inseguridad ciudadana.
