La provincia de Pataz, en la región La Libertad, volvió a ser escenario de un operativo de gran escala contra el crimen organizado. En medio del estado de emergencia que rige en esta zona minera, fuerzas combinadas de la Policía Nacional y el Ejército ejecutaron una intervención que permitió desarticular un importante punto de operaciones ilegales.
El despliegue se concentró en sectores alejados y de difícil acceso, donde las autoridades identificaron la presencia de grupos vinculados a actividades ilícitas. Como resultado, se logró la incautación de armamento de alto calibre y la intervención de decenas de personas presuntamente relacionadas con estas redes.
¿Qué se encontró en el operativo en Pataz?
Durante la intervención, los agentes ubicaron una bocamina utilizada como centro de operaciones clandestinas. En este punto, hallaron un arsenal que evidencia el nivel de organización y peligrosidad de los grupos que operan en la zona.
Entre el material decomisado figuran fusiles de largo alcance, subametralladoras artesanales, una carabina, un lanzagranadas y armamento de precisión. Además, se incautaron múltiples municiones y cargadores, lo que refuerza la hipótesis de que estas organizaciones cuentan con logística suficiente para sostener enfrentamientos armados.
Las autoridades también intervinieron a 71 personas, entre ellas tres mujeres, quienes fueron trasladadas para su identificación y el inicio de las investigaciones correspondientes.
Pataz bajo estado de emergencia: contexto de violencia
La situación en Pataz no es aislada. En los últimos meses, la provincia se ha convertido en un foco crítico debido al avance de la minería ilegal y los delitos asociados, como la extorsión, el sicariato y el tráfico de armas.
El estado de emergencia busca restablecer el control territorial y reducir los índices de criminalidad. Sin embargo, la complejidad geográfica de la zona y la presencia de organizaciones bien armadas dificultan las labores de intervención.
Tras el operativo, tanto los intervenidos como el material decomisado quedaron a disposición de la comisaría del sector y del Ministerio Público. Las autoridades deberán determinar el grado de responsabilidad de cada persona y su posible vinculación con redes criminales.
El armamento será sometido a peritajes para establecer su procedencia y si fue utilizado en otros hechos delictivos en la región.