Más de 40 operativos en solo quince días
El Gobierno peruano intensificó su ofensiva contra la minería ilegal durante la primera quincena de enero, con la ejecución de 48 operativos de interdicción a nivel nacional. Estas acciones permitieron la incautación y destrucción de maquinaria, campamentos e insumos utilizados por organizaciones dedicadas a la extracción ilícita de oro, con una valorización que supera los S/61 millones, según información oficial.
Las intervenciones forman parte de una estrategia de control territorial impulsada por el Poder Ejecutivo para debilitar la capacidad logística y operativa de estas redes criminales, que operan principalmente en zonas de alta vulnerabilidad ambiental y baja presencia estatal.
Madre de Dios concentra el mayor impacto económico
Entre las regiones más afectadas por los operativos, Madre de Dios lidera ampliamente el valor de los bienes incautados, con más de S/34 millones, lo que confirma que sigue siendo el principal foco de la minería ilegal en el país. Le siguen Ucayali, con más de S/15 millones, así como Junín y Arequipa, donde las incautaciones superaron los S/6 millones en cada región.
En el caso de Lima y Huánuco, el valor de los bienes decomisados bordea los S/4 millones, lo que evidencia que esta actividad ilícita no se limita a la Amazonía, sino que también se extiende a otras zonas del territorio nacional.
Interdicciones bajo el marco legal vigente
Las acciones se realizaron en el marco del Decreto Legislativo N.° 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal y faculta al Estado a incautar y destruir los bienes utilizados en esta actividad ilícita. En todos los casos intervenidos durante enero, se dispuso la ejecución inmediata de las medidas de interdicción sobre la totalidad de los bienes decomisados.
El alto comisionado contra la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rodolfo García Esquerre, señaló que estas operaciones responden a una política de presencia activa del Estado en zonas impactadas por economías ilegales, donde la minería ilegal suele estar vinculada a otros delitos como el tráfico de insumos, la evasión tributaria y la degradación ambiental.
Maquinaria pesada y tecnología incautada
Durante los operativos se incautó una amplia variedad de bienes utilizados por las organizaciones criminales dedicadas a la extracción ilícita de oro. Entre ellos figuran excavadoras, dragas, motores, generadores eléctricos, campamentos clandestinos, galones de combustible, baldes de aceite, balones de gas y cajas de herramientas.
Llama la atención la presencia de antenas Starlink, utilizadas para mantener comunicación en zonas remotas, lo que evidencia un mayor nivel de sofisticación tecnológica en estas actividades ilícitas. También se hallaron carpas, filtros de motor y otros enseres que permitían la operación continua de los campamentos ilegales en áreas de difícil acceso.
Trabajo articulado entre fuerzas del Estado
Las acciones de interdicción fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Esta articulación interinstitucional ha sido clave para ejecutar operativos simultáneos y asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales.
Desde el Ejecutivo se ha señalado que la coordinación entre fuerzas policiales, militares y fiscales permite no solo la destrucción de la infraestructura ilegal, sino también la recopilación de información relevante para investigaciones posteriores.
Compromiso oficial y continuidad de operativos
El Gobierno reafirmó que estas intervenciones no serán aisladas, sino que forman parte de una estrategia sostenida para afectar la capacidad operativa de las redes de minería ilegal y recuperar el control efectivo del territorio en las regiones más impactadas.
La lucha contra la minería ilegal continúa siendo uno de los principales desafíos del Estado, tanto por su impacto ambiental como por su relación con economías criminales que operan al margen de la ley. Las cifras de la primera quincena de enero reflejan un esfuerzo por reforzar la presencia estatal, aunque el problema persiste como una amenaza estructural en varias zonas del país.