La minería ilegal en Perú vuelve a recibir un golpe contundente. Entre el 11 y el 16 de septiembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó siete operaciones en coordinación con las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, logrando paralizar socavones, destruir balsas y confiscar equipos que eran usados en la extracción ilícita de minerales. Según cifras oficiales, las pérdidas ocasionadas a las mafias superan los S/35 millones, un impacto económico que busca frenar la expansión del crimen organizado vinculado al oro ilegal.
Madre de Dios, epicentro del daño ambiental
La región amazónica de Madre de Dios, históricamente golpeada por la minería ilegal, concentró el operativo de mayor impacto. Tres intervenciones en la provincia de Tambopata neutralizaron balsas y motores utilizados para dragar ríos, generando un perjuicio valorizado en más de S/20 millones. El Gobierno subrayó que este golpe busca no solo frenar la economía ilícita, sino también proteger la biodiversidad amazónica, una de las más amenazadas por la deforestación y la contaminación con mercurio.
Operativos en la sierra y la costa
En Arequipa, las acciones se desarrollaron en el distrito de Tauría, provincia de La Unión, donde se interdictaron 20 socavones y maquinaria pesada, ocasionando pérdidas por S/7 millones. En Huánuco, los agentes ingresaron a campamentos ilegales en Yuyapichis (Puerto Inca), afectando bienes valorizados en más de S/3.8 millones.
La costa norte también fue escenario de intervenciones. En La Libertad, la PNP incautó grupos electrógenos, sacos de mineral, generadores y hasta casas prefabricadas, con un valor superior a los S/3.6 millones. Finalmente, en Áncash, un operativo en el distrito de Huarmey cerró con la destrucción de maquinaria y materiales ilegales valorizados en S/1 millón.
Minería ilegal: crimen organizado y amenaza social
Estos operativos forman parte de la estrategia nacional contra la minería ilegal, que no solo busca erradicar la depredación ambiental, sino también cortar los flujos financieros que sostienen a organizaciones criminales. El Ejecutivo destacó que la minería ilegal está estrechamente vinculada a mafias de trata de personas, prostitución, sicariato y narcotráfico, por lo que cada golpe económico busca reducir su capacidad de expansión territorial.