Madre de Dios, Arequipa y San Martín fueron el epicentro de una nueva ofensiva del Estado peruano contra la minería ilegal. Las operaciones, ejecutadas entre el 18 y 19 de agosto de 2025, permitieron la incautación de maquinaria pesada, dinero en efectivo, motores, balsas, vehículos y otros bienes valorizados en más de S/29 millones, según reportó el Ministerio Público.
El golpe más contundente fue propinado en Tambopata, Madre de Dios, donde se logró la desarticulación de la organización criminal “Los guardianes de la pampa”, presuntamente dedicada al control de zonas clave para la extracción y comercialización de oro de procedencia ilícita.
Operativo clave en Madre de Dios: corazón de la minería ilegal
La intervención en Tambopata se concentró entre los kilómetros 107 y 115 de la carretera Interoceánica, una zona históricamente vinculada a actividades ilegales de extracción aurífera. En este punto, un contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP) logró detener en flagrancia a 20 personas, muchas de ellas presuntos operadores logísticos y trabajadores de campo de la organización criminal.
Además de las detenciones, se realizó la interdicción de bienes e instrumentos valorizados en más de S/19.7 millones. Como parte de la operación, también se incautaron S/62,458.70 en dinero en efectivo, lo que refuerza las sospechas de que esta organización operaba con un sistema financiero propio y de alta rotación.
Inambari: maquinaria flotante y terrestre al servicio del oro ilegal
Otro foco de la intervención fue el distrito de Inambari, donde el puesto de comando Restauración de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP realizó dos operativos adicionales. En estos, se decomisaron motores, balsas, tolvas, motocicletas y motocargueros empleados para el transporte y procesamiento del material aurífero. El valor de estos bienes asciende a S/4 868 650, lo que evidencia la infraestructura logística empleada por redes criminales.
Arequipa y San Martín también en la mira
La minería ilegal no solo golpea la Amazonía. En la región Arequipa, específicamente en el distrito de Chiguata, se ejecutó una operación que resultó en la incautación de maquinaria y herramientas por S/1 366 400. Este es un nuevo indicio de cómo esta actividad ilícita se ha expandido hacia regiones andinas, donde también encuentra condiciones propicias para operar.
En la región San Martín, la intervención se realizó en el distrito de Morales, donde se confiscaron bienes por un valor de S/3 millones. Esta zona ha sido recientemente identificada como una nueva frontera para la minería aluvial no autorizada.
Coordinación interinstitucional: clave del éxito
Estos operativos fueron posibles gracias a la acción conjunta entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), quienes actuaron bajo el marco del Decreto Legislativo n.° 1100, norma que regula la interdicción de maquinaria e insumos destinados a la minería ilegal.
Las FEMA, en cumplimiento de sus atribuciones, dispusieron la incautación inmediata de todos los bienes, además de coordinar con las unidades policiales especializadas para garantizar que no puedan ser reutilizados.
Minería ilegal, crimen organizado y daño ambiental
La minería ilegal en el Perú no solo genera pérdidas económicas —al eludir impuestos y contribuciones— sino que también está íntimamente ligada al crimen organizado, incluyendo tráfico de personas, trata laboral, sicariato y corrupción.
Además, los pasivos ambientales son alarmantes. En regiones como Madre de Dios, más de 60 mil hectáreas de bosque amazónico han sido devastadas, generando contaminación por mercurio y afectando gravemente a comunidades indígenas y ecosistemas protegidos.
¿Qué sigue?
Si bien las cifras del operativo muestran un avance concreto, las autoridades han advertido que la minería ilegal se ha sofisticado, lo que exige redoblar esfuerzos en inteligencia, seguimiento financiero, y sanciones más severas para las organizaciones criminales que la financian y controlan.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que las investigaciones continuarán para determinar los nexos económicos y políticos de las organizaciones desarticuladas, así como identificar a los posibles financistas y beneficiarios de la extracción ilegal.
