El Estado peruano ejecutó el último fin de semana una ofensiva sin precedentes contra la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata y su zona de amortiguamiento, en la región Madre de Dios. La intervención permitió desarticular la logística de las mafias auríferas que operaban en áreas críticas de alta biodiversidad, reafirmando el control territorial y la defensa de las áreas naturales protegidas.
El operativo fue resultado de un trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú —a través de la Dirección de Medio Ambiente, la División contra la Minería Ilegal (Divcomin) y la Dinoes—, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), el Ejército del Perú, mediante la Segunda Brigada de Protección de la Amazonía, y el Sernanp, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.
La estrategia combinó acciones terrestres y fluviales, desactivando un sistema logístico complejo que incluía motores de alta potencia de hasta 250 HP y balsas traca de gran escala, utilizadas para la extracción ilegal de oro.
Según el balance oficial, el despliegue táctico en los sectores Otorongo, Malinowski y Azul culminó con la interdicción y destrucción de 15 campamentos de minería ilegal, 45 motores, 25 tracas hidráulicas y balsas traca, además de bombas de succión, generadores eléctricos, sistemas fotovoltaicos, más de 40 estructuras auxiliares, 50 embarcaciones, 25 motocicletas y más de 1,500 galones de combustible destinados a sostener las operaciones ilícitas.
Para el presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto, la minería ilegal no solo representa un daño ambiental. “Atenta también contra la economía de miles de familias en Madre de Dios que viven del turismo sostenible, la recolección de castaña y los bionegocios”, señaló, subrayando que la recuperación de estas zonas protege el capital natural que genera empleo y desarrollo local.
Las autoridades destacaron que la eliminación sistemática de equipos, insumos y medios de transporte ha reducido de manera significativa la capacidad operativa de las organizaciones ilegales en la zona, disminuyendo la presión sobre los ecosistemas y fortaleciendo la conservación de los recursos naturales.
Con este operativo, el Estado peruano reafirma su lucha frontal contra los delitos ambientales y su compromiso de mantener acciones de vigilancia y control permanente en defensa de la biodiversidad y del futuro de las áreas naturales protegidas del país.