¿Cómo operaba esta presunta red criminal dentro de la propia Policía Nacional del Perú?
La Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur desarticuló un presunto esquema criminal integrado por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes habrían ‘sembrado’ droga y armas de fuego a ciudadanos intervenidos durante operativos irregulares en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).
Este accionar ilegal habría ocurrido entre los años 2021 y 2022, y según la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, el objetivo era extorsionar a los detenidos a cambio de su libertad.
Operación anticorrupción: 12 allanamientos y 9 detenciones
La intervención, ejecutada el 5 de agosto, incluyó allanamientos simultáneos en 12 inmuebles ubicados en Lima y en la región Áncash. Como resultado, nueve efectivos policiales fueron detenidos por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho.
De los detenidos, ocho son suboficiales de segunda y tercera en actividad, quienes anteriormente prestaron servicios en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de SJM, y luego fueron reubicados en unidades como:
- Depincri de Villa El Salvador,
- Departamento de Operaciones Especiales y Orden Público de Lima Sur (DEPOEOP), y
- Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte.
El noveno detenido es un coronel de la PNP en situación de retiro, capturado en su vivienda en Santiago de Surco.
La banda “Los incorregibles de San Juan de Miraflores”
Según la investigación liderada por el fiscal provincial Hugo Fredy Minaya Paulino, los implicados formarían parte de la organización criminal conocida como “Los incorregibles de San Juan de Miraflores”, una red que habría operado al interior de la PNP utilizando su investidura para fines delictivos.
Durante los operativos, también se intervinieron inmuebles en:
- Pachacámac,
- Villa María del Triunfo,
- Carabayllo,
- Santa Anita,
- San Juan de Lurigancho,
- San Vicente de Cañete,
- Ancón, y
- El penal Ancón I, donde se detuvo a tres agentes policiales ya procesados por hechos similares en el Callao.
Modus operandi: extorsión con antecedentes y falsas pruebas
La denuncia apunta a que los policías intervenían a ciudadanos —muchos de ellos con antecedentes— y les colocaban armas o drogas en el momento de la detención. Luego, exigían pagos para evitar que sean denunciados penalmente.
Este tipo de montaje no solo constituye una violación grave de derechos humanos, sino que compromete profundamente la credibilidad de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.
Según la Fiscalía, los implicados habrían recibido reconocimientos institucionales por supuestos logros en operativos policiales, cuando en realidad fabricaban casos y pruebas falsas para generar estadísticas de eficiencia y, al mismo tiempo, obtener ingresos ilegales.
Presencia masiva del Ministerio Público y la DIVIAC
La operación fue de gran envergadura: participaron 26 fiscales del Ministerio Público, quienes contaron con el apoyo operativo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP.
La detención preliminar judicial fue solicitada con base en evidencias que apuntan a una organización estructurada, con roles definidos y un patrón sistemático de actuación delictiva.
Un nuevo escándalo que sacude a la PNP
Este caso se suma a otros escándalos recientes de corrupción policial, donde se han detectado redes internas que utilizan su uniforme para extorsionar, manipular pruebas e incluso colaborar con el crimen organizado.
Aunque la institución ha reiterado su compromiso con la depuración interna, estos episodios continúan minando la confianza pública en la Policía Nacional.
El caso “Los incorregibles de San Juan de Miraflores” es un ejemplo de cómo una minoría corrupta puede operar desde dentro, utilizando su conocimiento del sistema para delinquir impunemente, hasta que la acción fiscal y judicial frena su avance.
¿Qué viene ahora?
Los detenidos permanecerán bajo detención preliminar mientras se avanza con el proceso de formalización de la denuncia penal. La Fiscalía evalúa solicitar prisión preventiva, dada la gravedad de los delitos y el riesgo de obstrucción a la justicia.
Además, se ampliará la investigación para identificar si hubo cómplices civiles o nexos con otras organizaciones criminales que operan en Lima Sur.
Este caso podría generar un efecto dominó en otras unidades policiales, abriendo nuevas líneas de investigación dentro de la misma institución.
