El Pleno del Congreso aprobó el pasado 21 de agosto un dictamen que autoriza a los gobiernos regionales y locales a colaborar directamente con la Policía Nacional del Perú (PNP), mediante la inversión en infraestructura, adquisición de bienes y servicios que mejoren la capacidad operativa de las unidades policiales.
Este avance legislativo tiene como objetivo principal fortalecer la lucha contra la delincuencia y mejorar las condiciones en las que la PNP desempeña sus funciones, ampliando así el alcance y efectividad de las acciones en materia de seguridad ciudadana.
¿Cómo se financiarán estas colaboraciones y qué limitaciones existen?
Las contribuciones de los gobiernos regionales y locales podrán provenir de diversas fuentes de financiamiento, exceptuando operaciones oficiales de crédito. También se aceptan donaciones y transferencias, siempre que estén destinadas a fines específicos y predeterminados.
Es importante destacar que esta normativa excluye expresamente la adquisición de armas de fuego, municiones o armas químicas y eléctricas, limitando las colaboraciones a aspectos logísticos y operativos que no involucren armamento.
¿Qué requisitos deben cumplir las contrataciones o adquisiciones?
Los proyectos de infraestructura, bienes y servicios destinados a la PNP deben estar alineados con los planes, programas y estrategias oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Esto garantiza que las inversiones se utilicen de manera coordinada y eficiente, siguiendo una línea de acción consensuada entre las autoridades.
Además, el Ministerio del Interior deberá adecuar su normativa interna en un plazo máximo de 60 días calendario para facilitar la implementación de esta ley.
¿Qué opinan los legisladores sobre esta iniciativa?
Ana Zegarra Saboya, presidenta de la Comisión de Descentralización, destacó que esta iniciativa beneficiará indirectamente a la sociedad al mejorar las condiciones de trabajo de la Policía, facilitando la lucha contra la delincuencia.
Por su parte, Héctor Ventura Ángel, vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, afirmó que permitir a los gobiernos locales invertir en seguridad ciudadana es un paso fundamental para fortalecer la infraestructura y equipamiento policial en sus jurisdicciones.
Durante el debate, varios parlamentarios coincidieron en la importancia de una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno para proteger a la ciudadanía.
¿Qué sigue para esta ley en el proceso legislativo?
El dictamen fue aprobado en primera instancia con 67 votos a favor, 0 en contra y 13 abstenciones. Según el reglamento del Congreso, el proyecto deberá esperar 7 días calendarios para pasar a su siguiente etapa de votación y eventual promulgación.
