La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha lanzado una seria advertencia sobre los impactos que podría tener la actual paralización de las obras de defensas ribereñas y proyectos hidráulicos estratégicos a nivel nacional. En una entrevista con RPP Noticias, el gobernador regional de Lambayeque y vocero de la ANGR, Jorge Pérez Flores, describió la situación como “muy caótica” y con consecuencias potencialmente devastadoras.
“La inacción del Estado está a punto de generar un daño tremendo”, aseguró el gobernador, al referirse a los proyectos que han quedado detenidos por la falta de transferencia de recursos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), ente adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
¿Qué regiones están afectadas?
Aunque la situación ha sido visibilizada desde Lambayeque, Pérez dejó en claro que se trata de un problema estructural y nacional. Las regiones afectadas incluyen:
- Lambayeque
- Tumbes
- Piura
- La Libertad
- Áncash
- Lima
- Ica
- Arequipa
“Estamos hablando de millones de peruanos en riesgo. No se trata de gasto público, sino de una inversión estratégica que puede evitar desastres y pérdidas humanas y económicas incalculables”, subrayó Pérez.
S/ 700 millones en obras detenidas solo en Lambayeque
En la región Lambayeque, siete proyectos estratégicos se encuentran paralizados. Entre ellos destacan las defensas ribereñas en los ríos Zaña, Chancay, La Leche, Olmos y Motupe; el drenaje pluvial de Chiclayo; y la construcción de un hospital en Reque.
El déficit presupuestal para completar estas obras supera los S/ 700 millones.
“Tenemos diques rotos. Si llegan apenas 30 o 40 metros cúbicos por segundo, los ríos se desbordarán. Están en riesgo más de 600 mil personas y 50 mil hectáreas de cultivos”, advirtió.
En un evento natural reciente, Lambayeque perdió más de S/ 200 millones por inundaciones. Este antecedente refuerza la urgencia de culminar las obras detenidas.
¿Cuánto le cuesta al país esta parálisis?
Según estimaciones compartidas por la ANGR, la inacción del Gobierno central podría ocasionar pérdidas de hasta S/ 20 mil millones anuales, cifra que triplica el déficit de S/ 6 mil millones que se requeriría para reactivar los proyectos a nivel nacional.
“La rentabilidad de esta inversión supera el 7%, mucho mayor al promedio de crecimiento del país”, explicó Pérez. “Cada día que pasa sin que se asignen los fondos necesarios, estamos más cerca de un desastre evitable”.
¿Qué soluciones plantea la ANGR?
El vocero de los gobiernos regionales presentó varias propuestas viables para acelerar la ejecución de las obras paralizadas:
- Ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos para permitir que el IGV también sea parte de la inversión privada.
- Promover alianzas público-privadas (APP) y proyectos de inversión privada cofinanciada o autosostenible.
- Asignar al Proyecto Especial Olmos Tinajones la operación y mantenimiento de la presa Limón, bajo un modelo de gestión especializada.
“No podemos seguir esperando. El costo de la inacción será siempre mayor al costo de la inversión”, sentenció Pérez.
Llamado al Ejecutivo: declarar las obras de prioridad nacional
La ANGR, que agrupa a los 25 gobernadores regionales del Perú, respalda de manera unánime el pronunciamiento de Lambayeque. Exige al Gobierno de Dina Boluarte la inmediata transferencia de recursos a la ANIN, y que las obras de defensas ribereñas y drenaje sean declaradas de prioridad nacional, garantizando un flujo presupuestal sostenido hasta su culminación.
“No actuar ahora es poner en riesgo vidas humanas, destruir infraestructura y detener el desarrollo regional”, indicó la Asamblea.
¿Qué está en juego?
Además de las vidas humanas y la seguridad alimentaria, están en juego:
- Infraestructura vial y hospitalaria
- Reactivación económica post-FEN
- Continuidad de obras de salud, riego y transporte
- Generación de empleo regional
La ANGR insiste en que estos proyectos no pueden seguir siendo postergados por trámites burocráticos o disputas institucionales entre ministerios.
