Gobierno transfiere S/ 111 millones para implementar acciones inmediatas a favor de la seguridad ciudadana en distritos en emergencia

por Edgar Mandujano
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El Poder Ejecutivo aprobó una transferencia de S/ 111 659 275 a favor de los distritos declarados en emergencia por elevación de los niveles de inseguridad ciudadana, en el marco de la lucha contra la delincuencia. Estos recursos serán utilizados en la ejecución de diversas acciones que impulsarán la seguridad ciudadana.

De acuerdo con el Decreto de Urgencia N° 034-2023 publicado en el Diario Oficial El Peruano, los recursos transferidos se usarán en la implementación de nuevas Unidades de Flagrancia Delictiva, que son sedes judiciales especializadas que articulan acciones entre el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Policía Nacional del Perú, para dar una respuesta inmediata, eficaz, eficiente y transparente ante la comisión de delitos flagrantes que se cometan en contra de la seguridad ciudadana.

Asimismo, la transferencia aprobada por el Poder Ejecutivo dotará de mayores recursos logísticos a las brigadas especiales contra el crimen, a las comisarías, a los departamentos de investigación criminal, y a las oficinas de criminalísticas de los distritos declarados en emergencia, a la División de Policía Judicial y Requisitorias y a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, así como también les permitirá a los gobiernos locales de los distritos incluidos en la declaratoria, implementar y/o mejorar sus servicios de patrullaje municipal y video vigilancia.

Cabe precisar que, en setiembre último, el Decreto Supremo N° 105-2023-PCM declaró en emergencia a los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres de la provincia de Lima del departamento de Lima; y en los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa de la provincia de Sullana del departamento de Piura.

De igual manera, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y las municipalidades declaradas en emergencia fueron autorizados a realizar contrataciones de bienes y servicios para la ejecución de acciones urgentes para reducir la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada.

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